Las patronales de la construcción de Asturias, Galicia y Castilla y León reclamaron hoy al Gobierno la adopción de un plan “urgente” que garantice el mantenimiento del empleo mientras dure el estado de alarma por la incidencia del coronavirus Covid-19 y la “paralización” de la actividad en el sector. Así lo reclamaron tras la reunión mantenida por videoconferencia hoy por los responsables de la Confederación Asturiana de la Construcción, Joel García; la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez; y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual.
Todos ellos expresaron la “enorme preocupación” en las empresas del sector y de sus trabajadores por el alcance de las medidas “virulentas y perjudiciales” para el colectivo. A su juicio, no contrarrestarlas con otras iniciativas “de apoyo” tendrán como consecuencia “inevitable” el cierre de la mayor parte de las pymes “de forma inmediata”, informa Ical.
A juicio de los contratistas de Asturias, Galicia y Castilla y León, la implementación de estas medidas “de forma inmediata” es “de vital importancia” para evitar el “colapso” de un sector que cuenta con cerca de 20.000 empresas y da empleo a 172.000 trabajadores, incluyendo autónomos.
Entre las reclamaciones que hacen al Gobierno están también la aprobación de las modificaciones legislativas necesarias para promover el anuncio de nuevas licitaciones públicas y que todo el proceso se tramite “de urgencia” para acortar los plazos. Si no se licita obra nueva en estos momentos, las patronales auguran “un valle de actividad” en el segundo semestre del año que será “inasumible” para la mayoría de las empresas.
También pidieron la promoción de instrucciones “precisas” a las comunidades y corporaciones locales para que procedan al “desbloqueo” de los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas; que se destine un porcentaje del superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años a inversión y a la financiación de la ejecución de infraestructuras y obras públicas; que se agilicen certificaciones y pagos a contratistas y proveedores; y que se considere la pandemia “como causa de fuerza mayor” a la hora de autorizar los ERTE.