La nueva ley del Tercer Sector ya es una realidad después de que ayer las Cortes aprobaran, con la abstención del Grupo Socialista y de los dos procuradores de Podemos y el apoyo del resto de los partidos, una normativa que según destacó la consejera de Familia e Igual de Oportunidades, Isabel Blanco, es fruto del «diálogo permanente» con todas las entidades del tercer sector y vendrá a dotar al mismo de estabilidad financiera. Blanco argumentó que con la nueva ley se pretende consolidar el esfuerzo de la Junta viene haciendo desde el inicio de la legislatura para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades del tercer sector que trabajan por y para las personas más vulnerables de la Comunidad. En este sentido, además del apoyo financiero constante, la consejera se refirió a la creación de la Plataforma del Tercer Sector o la puesta en marcha de la sección de colaboración con estas entidades en el Consejo de Servicios Sociales, que a partir de ahora será el órgano de diálogo y participación permanente entre el tercer sector y la Junta.
La Comunidad, según explicó Blanco, cuenta con casi 3.300 entidades sociales, presentes en 1.100 localidades y que atienden a 700.000 personas a través de los 6.851 servicios que prestan. Además, puso en valor que se trata de entidades que se han volcado en los más desfavorecidos convirtiéndose en un complemento eficaz del sistema de servicios sociales de las administraciones.
Con la nueva ley, la consejera indicó que el tercer sector contará con un marco jurídico nítido y que el texto recoge distintas fórmulas de colaboración con la administración, destacando la importancia de los conciertos, que se convierten en una herramienta para dar estabilidad económica y financiera a las entidades que prestan servicios sociales que requieren continuidad.
Ley del voluntariado
El procurador socialista Rubén Illera lamentó que esta ley salga adelante seis años después de que el Gobierno aprobara la normativa de ámbito nacional, a la vez que calificó de «aberración» la inclusión de la ley del Voluntariado en el texto. En este sentido, recordó el rechazo de organismo como el CES, el Consejo Consultivo o la propia Plataforma del Voluntariado. A su vez, Illera criticó la falta de un órgano de participación y diálogo e indicó que se trata de una normativa «inacabada, sin contenido y que está generando malestar en el propio sector, ya que no cuenta con una participación real en la toma de decisiones». «Es una chapuza jurídica», lamentó la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, para quien modificar la ley del Voluntariado a través de la norma del Tercer Sector hace un «flaco favor» a los 140.000 voluntarios que hay en la Comunidad a los que ve ahora «infravalorados».
Mientras tanto, el popular Miguel Ángel García Nieto recalcó que se trata de una ley con un alto grado de consenso, dado que de las 68 enmiendas presentadas por los grupos políticos se aceptaron 25 y solo se mantienen vivas 36, mientras que once de las catorce presentadas por la Plataforma del Voluntariado se incluyeron once.