Seis de los ocho procesados que se sentaron ayer en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial asumieron penas que oscilan entre los dos y tres años de prisión como autores responsables de un delito contra la salud pública derivado del tráfico de drogas tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. 

Un séptimo acusado no aceptó la propuesta de la Fiscalía, por lo que finalmente fue juzgado en el alto tribunal de la provincia y se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel y su expulsión del territorio nacional una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena en el caso de que fuera condenado. El octavo acusado por este causa, concretamente una mujer identificada como C.O.F, y para quien la Fiscalía pedía nueve años de prisión, se encuentra en búsqueda y captura sin que se tenga constancia actualmente de su paradero.

La Fiscalía, que inicialmente había solicitado penas que oscilaban entre los cuatro y nueve años para este grupo, formuló escrito de acusación contra ellos después de que  la Policía Nacional les incautara en febrero de 2016 en varios registros efectuados en la capital y Venta de Baños casi dos kilogramos de speed, en ese momento la mayor cantidad de esta sustancia aprehendida en Palencia durante los últimos años y que era distribuida en distintos puntos de ocio.

La operación policial se inició en noviembre de 2015 cuando el Grupo Operativo de Estupefacientes de la Comisaría de Palencia tuvo conocimiento que se estaba produciendo un transporte de cocaína desde Madrid a Palencia.

Las investigaciones se ampliaron al detectarse puntos de venta en locales de los denominados afterhours de la ciudad, abiertos hasta altas horas de la madrugada, si bien la Policía Nacional pudo comprobar que estos no eran los únicos puntos de venta de las sustancias estupefacientes, sino que también podían ser adquiridas en los propios domicilios de los encartados o en sus inmediaciones.

A partir de aquí comenzó una investigación que tuvo sus fases. Una vez conectados los hilos de la investigación, los agentes de la Policía Nacional, según refleja la Fiscalía, consideran que la persona que introducía la droga en la provincia era una mujer, C.O.F., que como se ha mencionado se encuentra en paradero desconocido, ayudada por su pareja  sentimental en aquel momento, J.E.N.M. La Policía entendía que C.O.F. supuestamente distribuía a los acusados O.S.V. y D.A.C. como distribuidores de nivel intermedio y a nivel inferior aparecían los acusados J.B.B., C.B.B. y K.M.K.A. En este grupo también fue colocado L.R.H.L., de nacionalidad guatemalteca, quien siempre negó los hechos por lo que ayer no aceptó el acuerdo de conformidad en la Audiencia.

Con las correspondientes autorizaciones judiciales, la Policía Nacional efectuó varios registros domiciliarios, concretamente en el de C.O.F., situado en la calle Villamuriel, 13, de Venta de Baños, en el de K.M.K.A. (calle Concha Espina 18 de Palencia), en el de J.B.B. (calle Asunción, 3, de Palencia), en el D.A.C. (calle Virgen del Brezo, 37, de Palencia), en el de O.S.V. (calle Colón, 43) y en el de L.R.H.L. (calle Ignacio Martínez de Azcoitia, 13). 

Una vez concluidos los registros, la operación policial fue calificada como notoria por el hecho de la retirada del mercado de la considerable cantidad de la sustancia intervenida:  casi 2 kilogramos de  sustancia estupefaciente denominada speed, estimulante derivado de las anfetaminas, más barata que la cocaína, por lo que se le ha venido a denominar en el argot propio de los consumidores de este tipo de sustancias «la droga de la crisis».

El valor del speed incautado en el mercado ilícito hubiera alcanzado los 53.800 euros. Es significativo el hecho de que parte de esa cantidad se halló en dosis preparadas para su venta, según informó la Policía Nacional en su momento. Entre los efectos intervenidos se encontraban también 79 gramos de marihuana, tres armas de fuego cortas de las denominadas detonadoras que pueden ser modificadas para su uso con cartuchería metálica de fuego real, alrededor de 1.500 euros, una máquina de envasar al vacío (utilizada para mantener la droga en condiciones óptimas) y numerosos teléfonos móviles.

La operación por parte de Policía Nacional se llevó a cabo tras una laboriosa investigación dirigida por el juzgado de instrucción número 7, que duró seis meses aproximadamente, en la que se debió practicar numerosas tareas de índole investigativa para recopilar información sobre los movimientos de los autores y poder concretar la comisión del delito,  la escala de responsables en la venta/tráfico de drogas y la individualización de las responsabilidades.