El Defensor del Pueblo tramitó a lo largo del año pasado, 1.198 quejas de Castilla y León, un cinco por ciento menos, respecto a las 1.261 de 2019. Sin embargo, recibió 49 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad desde la Comunidad, frente a las ocho registradas en 2019. Castilla y León y Murcia fueron las dos únicas autonomías donde bajaron las quejas tramitadas por esta institución el año pasado. 

Francisco Fernández Marugán entregó hoy a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que “estuvo marcado por la pandemia mundial de la COVID-19”. Esta institución tramitó en España, un total de 28.020 quejas, frente a las 20.215 del año anterior, es decir, un 38,6 por ciento más; y gestionó 909 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, muy por encima de las 135 de 2019.

Los expedientes de quejas ascendieron a 250 en Valladolid, uno más que en 2019; y 221 y 220 en León y Burgos, con un descenso en la primera del 20,1 por ciento, mientras que en la segunda crecieron un 29 por ciento. Las quejas en Salamanca sumaron 185, por debajo de las 219 del año anterior; mientras que en el resto de provincias no llegaron al centenar. En concreto, se contabilizaron 86 en Segovia, frente a las 68 de un año antes. Además, hubo 79 en Palencia, frente a las 115 de un año antes; y 73 en Ávila, donde aumentaron respecto a las 63 de de 2019. Por último, en Zamora se registraron 60, nueve menos que en 2019; y en Soria, 44, dos más que en el año anterior.

Los expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional de procedencia nacional por provincias, se concentraron en Valladolid, diez; seguida por Burgos, Salamanca y Segovia, nueve en cada una; León, con seis; Ávila y Palencia con dos; y Soria y Zamora, con uno en cada un. El año anterior sólo se contabilizaron cuatro en Valladolid, y uno en Burgos, Salamanca, Segovia y Soria. 

Cabe destacar que los expedientes de queja recibidos del Procurador del Común de Castilla y León ascendieron a 177, frente a los 209 del año anterior. Asimismo, de esta institución propia emanó un expediente de solicitud de recurso de inconstitucionalidad. 

Un análisis por áreas de actividad indica que en total, el Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 1.248 expedientes de Castilla y León, según la información distribuida recogida por Ical, entre los que fueron mayoritarios los relacionados con la Administración de Justicia, 175; la función y empleo públicos, 136; empleo y seguridad social, 113; sanidad, 108; y asuntos de interior, 102.

Asimismo, se tramitaron 91 sobre centros penitenciarios; 83 sobre impuestos; 75 sobre servicios públicos esenciales; 73 sobre educación; 67 sobre actividad económica y 67 sobre política socia. Junto a estos, hubo 43 quejas sobre medio ambiente; 40 relacionadas con el urbanismo; 38 en relación de migraciones; 18 sobre administración local; 17 en cultura; nueve en vivienda, y tres en igualdad de trato y otras tantas en transparencia. Junto a estas, 24 en estudio. 

Despoblación

El Defensor continuó en 2020 trabajando sobre el problema de la despoblación en España. A juicio de la institución, el objetivo prioritario de todas las administraciones públicas a la hora de afrontar el reto demográfico debe ser garantizar a los ciudadanos la existencia de unos servicios públicos de calidad de forma universal. 

En este contexto y como consecuencia de la pandemia, el año pasado la obligada permanencia de muchas personas en su domicilio, lo que incluye a estudiantes de todos los niveles que debían recibir clase y realizar tareas escolares y un incremento sin precedentes del teletrabajo, ocasionaron un aumento de las quejas relacionadas con los déficits de la red en muchos puntos, fundamentalmente en la conocida como España vacía. Aunque los casos de ausencia absoluta de señal son cada vez menos frecuentes, se aprecia en estas quejas la persistencia de zonas en que la calidad de la señal disponible resulta incompatible con los requerimientos derivados de los ritmos de trabajo y estudio que se han ido implantando.

Por otra parte, expone que los problemas de accesibilidad y continuidad de suministro eléctrico en las zonas rurales tienen una causa común con los que se producen en zonas urbanas: la falta de inversiones en la red y un marco normativo caracterizado por la ausencia de incentivos eficaces para prestar un servicio de calidad. La institución puso constatar una especificidad en la España despoblada que apunta a un déficit estructural, que compromete el principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

La institución intervino ante las autoridades autonómicas correspondientes en casos como los cortes de suministro en municipios de la provincia de León provocados por un temporal de nieve.