El Consejo de Cuentas de Castilla y León, con sede en Palencia, aprobó su memoria de actividad de 2018 en la que se recoge que fueron una veintena de informes de fiscalización los que se comunicaron a las cortes regionales.

Al final del ejercicio, el nivel de rendición de cuentas se situaba al borde del 80%, porcentaje en el que continuará incidiendo la institución para seguir estimulando su crecimiento en aras a una administración eficiente de los recursos públicos y al control transparente del gasto. 

Hay que recordar que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó recientemente la ejemplaridad de las instituciones palentinas en la rendición de cuentas ya que, el 80,3% de las entidades locales de la provincia cumplieron los plazos al respecto el pasado año, una cifra tres décimas superior a la del conjunto de la comunidad. En lo que a Ayuntamientos se refiere, cerca del 86% de los consistorios palentinos rindieron cuentas a tiempo el pasado ejercicio, frente al 82,1% de la Comunidad.

Durante una visita a Ayuntamiento y Diputación, el nuevo presidente del órgano autonómico hizo hincapié en la buena sintonía que existe con las instituciones palentinas, donde destacó su situación positiva y dijo que la relación que existe con ambas es «magnífica» y que se mantiene con «las mínimas incidencias».

Por lo demás, el órgano que preside desde hace dos meses Mario Amilivia dio cumplimiento así al balance de la labor desarrollada por su antecesor, Jesús Encabo Terry. Hay que destacar que durante el pasado año la institución celebró 23 plenos y adoptó 129 acuerdos, 23 de ellos sobre informes de fiscalización, según informó ayer en un comunicado. 

El Consejo cumple con su función mediante la emisión de informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización, documentos que se remiten a los entes fiscalizados, a las Cortes, al Tribunal de Cuentas y en su caso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en virtud del protocolo firmado entre ambas instituciones en 2014. 

La función fiscalizadora del Consejo de Cuentas se inicia mediante la aprobación en cada ejercicio del plan anual de fiscalizaciones. Los informes aprobados por el pleno en 2018 y comunicados a las Cortes de Castilla y León fueron 20, entre ellos el de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad en 2015; la fiscalización de la gestión de la investigación de las universidades públicas de la región; la fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía; el informe de seguimiento de recomendaciones (ejercicio 2017) o el informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León en 2016.

Seis de estos informes pendientes, entre otros, de su correspondiente presentación ante la Comisión del parlamento autonómico fueron expuestos por el presidente Amilivia el pasado 22 de marzo.

La memoria da cuenta también sobre la evolución de la rendición de cuentas de las entidades de la Comunidad: 2.248 ayuntamientos, nueve diputaciones, un consejo comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociadas y 2.219 entidades locales menores.

Aproximadamente dos tercios del volumen de gasto sujeto a fiscalización por parte del Consejo de Cuentas corresponde a la Administración de la Comunidad y un tercio al sector público local.