La ejecución de la sentencia de la calle Jardines tiene toda la pinta de que acabará en manos de los jueces después de que ayer, en el pleno, la oposición tumbase en bloque la propuesta para el abono íntegro y en efectivo de 26,8 millones de euros a la institución provincial. 

Ni parece probable que la férrea posición de Vox y Ganemos vaya a moverse en los próximas días, ni de las declaraciones del alcalde, Mario Simón, y de la edil y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, se puede deducir que aceptarán pasar por la puerta al acuerdo que les abrió  el grupo municipal socialista. 

Pese a su voto en contra, el PSOE condicionó un posible respaldo a dos exigencias: un compromiso de que la Diputación invertirá al menos 3 millones de euros en bienes de titularidad provincial ubicados en la capital; y que las instalaciones deportivas de San Telmo pasen a ser propiedad del municipio una vez se desarrolle el plan parcial de esa zona.

«Pedir a alguien algo que no te puede dar, que no te va a dar o que jurídicamente considera que no te va a dar es demagogia», contestó Mario Simón, que recriminó al PSOE que solicitase en octubre inversiones de la Diputación por 9 millones, «y ahora que se contemplan 9,5 millones, sacan más [condiciones] y meten más cosas». «Voy a seguir trabajando pero no veo voluntad de acuerdo», añadió en referencia a los socialistas.

Por su parte, la edil y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, dejó claro en varias ocasiones que ni el PSOE ni el Ayuntamiento pueden «condicionar el presupuesto de la Diputación respecto al destino de sus propios fondos», incluidos los 26,8 millones de la sentencia. «Si el PSOE quiere que la institución provincial destine a cosas concretas su presupuesto, tiene representación política en la institución y puede realizar sus propuestas allí», sostuvo Armisén. 

el acuerdo. Así están las cosas a unos días de que termine el plazo legal para la ejecución voluntaria de la sentencia. Al menos, el pleno sí dio por fin la oportunidad a los palentinos de conocer el texto íntegro de la propuesta que pretendía aprobar el Ayuntamiento tras negociarla con la Diputación. En su argumentación recogía que se contemplaron dos fórmulas: en efectivo de todo lo debido (26.637.695,40 euros) o parte en efectivo y el resto en parcelas de la ciudad.  Finalmente, se optó por la primera, porque «incluir parcelas es económicamente más perjudicial para el Ayuntamiento, nos sale peor», aseveró el alcalde durante el pleno.

También se señalaba la «intención» de la Diputación, «sometida a la necesaria aprobación de sus órganos competentes», de crear este año un fondo dotado con el 100% de las cantidades del justiprecio de las parcelas (17.431.778,32 euros) más los intereses devengados hasta su fijación (1.732.975,64 euros).

«Se destinará a coadyuvar (contribuir, ayudar) al cumplimiento de los fines de los patrimonios municipales de suelo de la provincia. La Diputación distribuiría el importe del fondo entre los ayuntamientos de la provincia que dispongan de patrimonios municipales de suelo, incluida la capital, teniendo en cuenta en los criterios de distribución que estime oportunos», seguía el acuerdo.

Es de ese fondo del que «puede corresponder al municipio de Palencia una cantidad de, al menos, 9.500.000 euros, facilitando la posibilidad de justificar actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2012 y con un plazo de ejecución hasta la anualidad 2025».

Los siguientes párrafos fijaban qué tipo de actuaciones se pueden financiar (gastos de capital) y  el plazo de justificación (antes de seis meses) de esos 9,5 millones de euros y la solicitud para que la Diputación tuviese operativo ese fondo este mismo año.

Todo esto concluía en cuatro compromisos que pasaban por que el Ayuntamiento ejecutará la sentencia, la delegación en la Junta de Gobierno Local y el alcalde para ejecutar el acuerdo, la notificación del compromiso alcanzado a la Diputación y, el más importante, un doble condicionante para todo el acuerdo.

Por una parte, a la disponibilidad del préstamo solicitado por el Ayuntamiento al Fondo de Impulso Económico por importe de 26.637.695,4 euros; y, por otra, a la materialización, por la Diputación del compromiso de creación del fondo antes citado.

El martes, a menos de 24 horas del pleno y después de llevar meses negociando el acuerdo, el equipo de Gobierno trasladó una enmienda a este texto -el que la semana pasada se llevó a comisión de Urbanismo- para eliminar del segundo punto cualquier palabra que sonase a que la Diputación tenía obligación alguna, añadiendo un «sin perjuicio» a la materialización del compromiso de creación del fondo por el que el Ayuntamiento recibiría 9,5 millones de euros.

El equipo de Gobierno intentó una modificación que el secretario del Ayuntamiento, Carlos Aizpuru, recomendaba porque «variaba en términos sustanciales» el acuerdo dictaminado en la comisión de Urbanismo la semana pasada pero el primer edil consideraba que «no iba a modificar lo sustancial».

Las críticas de la oposición -«empeora sensiblemente lo que la comisión dictaminó», recalcó el PSOE- dejaron claro que la propuesta de ejecución se iba a debatir tal y como llegó a la comisión, lo que a la postre tuvo sus consecuencias, ya motivó que Ángeles Armisén se ausentase del pleno durante la votación.

Los motivos. «Esta es la forma más rápida, efectiva y económicamente más conveniente que permite cumplir la sentencia, y la que cuenta con el respaldo de los técnicos de ambas instituciones», repitió en varias ocasiones Mario Simón. La pregunta, entonces, era por qué la oposición la rechazaba. 

El único punto en el que hubo unanimidad fue en que el Ayuntamiento tiene que cumplir con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la cual viene a decir que tiene que pagar a la Diputación las dos parcelas de 18.100 metros que le expropió  para completar la calle Jardines al precio fijado en 2007 por la Comisión Territorial de Valoración, más los intereses devengados hasta que se dictó dicho coste, más los intereses de las cuatro prórrogas aprobadas por ambas instituciones en 2012, 2014, 2016 y 2018. En total, 26,8 millones de euros, que es la cifra que se calcula a fecha del próximo mes de julio.

A partir de aquí, empiezan las diferencias. Vox insistió en que «se puede llegar a una ejecución pactada» que mejore la propuesta actual, aseveró su portavoz, Sonia Lalanda, que recalcó que la sentencia «no dice que se tenga que pagar en metálico a la Diputación» y que no tiene tanto que ver con la expropiación de los terrenos como con «la inactividad de la administración» en dar cumplimiento al convenio, de lo que responsabilizó al Partido Popular.

«Este acuerdo llevará la ciudad a la ruina», aseveró tajante, dando cuenta de un informe de la interventora general en el que se dice que afrontar el pago de la sentencia, pese a disponer de la financiación sin coste del Fondo de Financiación de las Entidades Locales del Estado, «supondrá un aumento de la carga financiera municipal anual de más de 2.600.000 euros», que tendrá como consecuencia «falta de liquidez y retrasos en los pagos, imposibilidad de concertar nuevas operaciones de crédito para financiar las inversiones municipales y un plan de saneamiento con reducción de gastos o un aumento de los impuestos».

Para Ganemos, por el contrario, el problema del acuerdo era que «llegaba muy tarde y sin concesiones por parte de Diputación», de ahí que su portavoz, Sonia Ordóñez, no se mostrase dispuesta a «callar, cumplir y pagar la calle más cara del mundo». «La presidenta de la Diputación no ha cedido ni un ápice, forzando a que el acuerdo se cierre solo con dinero a cambio de reinvertir una parte en la ciudad», criticó Ordóñez, que recordó que fue la institución provincial la que demandó al Ayuntamiento.

«No confiamos en su voluntad», sostuvo la portavoz de Ganemos, para quien la cuentas que ha hecho el equipo de Gobierno tampoco le cuadran, y echa de menos un compromiso para crear VPO en la capital y la provincia y duda de que la inversión que plantea el acuerdo vaya a tener impacto social. 

El PSOE por su parte dio por bueno «técnicamente» el acuerdo pero exigió dos cosas: certezas y un mayor compromiso de la institución provincial con la ciudad, además de esos 9,5 millones. «Este acuerdo es el mejor si no queremos que las arcas municipales experimenten un quebranto por mucho tiempo... pero es insuficiente. Siéntese y negocie», reclamó a Mario Simón el concejal socialista Carlos Hernández.

Una cuestión de fe. Tras casi dos horas de debate on line, quedó claro que la prueba de fe que el equipo de Gobierno pedía a la oposición para aprobar este acuerdo iba a tener respuesta negativa. El alcalde, Mario Simón, ratificó su compromiso para cumplir la sentencia y dio por suficiente la «buena voluntad» de ambas instituciones como certeza para solucionar este problema histórico de la ciudad.  De hecho, el equipo de Gobierno de Cs y PP desveló los detalles de su plan económico y financiero para reducir «en el menor tiempo posible y sin comprometer a los siguientes mandatos» la deuda de 26,8 millones de euros.

Una hoja de ruta que pasaba por utilizar los 9,5 millones de euros que iba a recibir a de la Diputación para amortizar parte del crédito, por el desarrollo urbanístico y la venta de las parcelas de la calle Jardines para quitar otros 9 millones de euros; y en acelerar otros procesos de enajenación de parcelas y utilizar los remanentes para arañar entre 5,5 y 7 millones de euros más. «Con todo ello, el saldo vivo del préstamo a finales de 2023 sería de entre 2,5 y 3,5 millones de euros, con una carga de 250.000 euros al año en el gasto corriente que es asumible», concluyó Mario Simón.

Sin embargo, ninguno de los grupos de la oposición tuvo la fe que profesa el equipo de Gobierno en que todo saldrá como se ha hablado por parte de las dos instituciones solo con «buena voluntad», sin contar siquiera que en mayo del año que viene habrá elecciones y que todavía no hay un solo papel que comprometa a nada.

Ángeles Armisén: «La voluntad política de colaborar se tiene que materializar en el pleno de la Diputación»

La concejala y presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, reconoció que la solución a la «compleja» cuestión de la calle Jardines pasa por la «voluntad política», e insistió en que por su parte siempre ha existido «toda la voluntad de intentar llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en beneficio de todos los palentinos y ejercer la responsabilidad de proponer una solución a los dos plenos».

No obstante, avisó de que ese acuerdo tiene que «contar con criterio favorable de los técnicos» y, lo que es más importante, que «la voluntad política de la Diputación para colaborar se tiene que materializar en la voluntad del pleno de la institución». «Eso es indiscutible», añadió. 

Para Ángeles Armisén, la propuesta que se debatió en el pleno era «la de ejecución más posible» e incluía una disposición de la Diputación «a colaborar». «Todo retraso supondrá dificultar los acuerdos y más dificultades económicas en el cumplimiento de la sentencia», sostuvo.

Al respecto, se mostró sorprendida por la intención del PSOE de condicionar el presupuesto de la Diputación respecto al destino de sus propios fondos, que son los que les corresponde legalmente por la sentencia. 

«Si el PSOE quiere que la Diputación destine a cosas concretas su presupuesto tiene representación en la entidad, de forma que puede solicitarlo allí», resumió Armisén, que recordó que entre la institución provincial ha invertido 3 millones de euros en la capital entre 2018 y 2021.

En definitiva, que «la voluntad política es total, pero la voluntad del destino del presupuesto de Diputación corresponden a diputados, y por lo tanto no se debe sustraer esa voluntad y hacerlo en el Ayuntamiento».