El Consejo de Gobierno dio hoy el visto bueno al decreto que desarrolla la regulación de los servicios de farmacia y de los depósitos de medicamentos que prestan atención en este tipo de centros, norma que, según la Junta, mejorará la atención farmacéutica que reciben más de 33.000 personas atendidas en centros residenciales.

En aplicación de la legislación estatal, el nuevo decreto recoge la obligación de disponer de un servicio de farmacia para los centros de más de cien camas, regulando la posibilidad de eximirse de esta obligación siempre que dichos centros dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública que sea el de referencia en la zona.

Asimismo, para los centros de menos de cien camas se establece la obligación de tener un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia ubicada dentro de la zona farmacéutica donde radique el centro.

El decreto incorpora además una serie de garantías y medidas de control y gestión de la prestación farmacéutica orientadas a mejorar la atención farmacéutica a las personas usuarias de los centros y prestadas por los profesionales farmacéuticos. Así, la atención farmacéutica en los centros de mayores dimensiones -más de 100 plazas- se realizará por los servicios de Farmacia hospitalaria de Sacyl cuando se solicite esa vinculación. En segundo lugar, en los centros de menos de 100 plazas será la oficina de farmacia quien ejecute la prestación farmacéutica en los términos del concierto entre la Gerencia Regional de Salud y el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León, suscrito el 20 de diciembre de 2002.

Igualdad

Con este sistema de gestión, según la Junta, se garantiza el acceso de todos en condiciones de igualdad a la prestación farmacéutica, con independencia de la unidad responsable de la atención farmacéutica y del carácter del centro público, privado o concertado.

Para este tipo de centros, este nuevo modelo de atención supone implementar el Proyecto Dioscórides, para evaluar la eficiencia la elaboración de sistemas personalizados de dosificación en pacientes crónicos polimedicados -con un ahorro de 15,2 euros por usuario y mes-; también desarrollar el programa nacional ‘Consigue’, prestando el servicio de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos y polimedicados.

Por último, desde la Consejería de Sanidad se indica que cuando finalice el proceso de implantación de este modelo y se produzca la vinculación de todas las residencias de menos de cien camas con una oficina de farmacia de la misma zona farmacéutica, se reducirá en 53 el número de farmacias en situación de viabilidad económica comprometida que actualmente son solicitantes del índice corrector.

Los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos tendrán un plazo de 14 meses para adaptarse a las previsiones contenidas en este nuevo decreto.