El presidente de Vox, Santiago Abascal, destapó el pasado martes la caja de los truenos al solicitar públicamente un «cambio radical urgente en la ley» para que los españoles pudieran «disponer de un arma en su casa» que puedan «utilizar en situaciones de amenaza real» para su autodefensa.
En una entrevista concedida a la web armas.es, insistió en la necesidad de «ampliar el concepto de legítima defensa» para que no se produzcan «situaciones injustas» como, a su juicio, es la condena a dos años y medio de cárcel al anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Tenerife.
El caso es que, con los números en la mano y según los datos aportados por la Guardia Civil a Diario Palentino, durante el pasado año se incoaron 91 expedientes (siete de ellos exlusivamente por artículos pirotécnicos) por infracciones graves o muy graves a la normativa de la seguridad ciudadana sobre armas, explosivos y cartuchería diversa, lo que supone una media de siete mensuales.
Registradas 7 infracciones al mes a las normas sobre armasA tenor de los datos aportados supone diez más que las contabilizadas en 2017, nueve menos que durante 2016 (100) y 29 más que en 2015 (62).
Hay que recordar que la actual ley de seguridad ciudadana, aprobada en junio de 2015, con sus modificaciones posteriores, establece como faltas muy graves, con sanciones económicas que oscilan entre los 30.001 y 600.000 euros, la fabricación, almacenamiento o el uso de armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
Asimismo, los expedientes por infracciones por faltas graves, con sanciones que oscilan entre los 601 y 30.000 euros, se incoan por las distintas fuerzas de seguridad por portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello; fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad. También está sancionado el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
Hay que recordar que en España, la Guardia Civil tiene la competencia exclusiva de la legislación sobre armas, cartuchería y explosivos, aunque la Policía Nacional y las policías locales tienen también la potestad de levantar acta de infracción en esta materia. Entretanto y según los datos aportados, actualmente existen nueve tipos de licencias de armas. Además, cualquier persona puede aspirar a todas menos a las de clase A, reservada a los cuerpos de seguridad. Desde el punto de vista burocrático, para poseer cualquier arma hay que presentar un certificado de antecedentes penales y otro de aptitudes psicofísicas, así como otros documentos administrativos como el DNI. A partir de ahí, cada tipo de arma requiere una serie de condiciones adicionales; es decir, que la solicitud debe estar plenamente justificadas por temas empresariales de seguridad, deportivos (tiro olímpico) o de índole personal, especialmente para las armas de calibre corto. En base a estos criterios, la Guardia Civil informó a este periódico que a fecha de 31 diciembre de 2018 el número de armas activas por licencias oficiales que existen en la provincia se acercan a las 15.400, de las que casi 1.900 son del tipo D (caza mayor); unas 13.000 son del tipo E (caza menor) y casi 500, del resto entre armas cortas, de tiro olímpico o de coleccionista. Si el número de habitantes de Palencia es de 162.035 personas según el padrón a fecha de 1 de enero de 2019, la media que se establece es de un arma por cada 11 habitantes, una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la media en España es de una por cada 16 personas.