La diputada y portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, se encuentra, desde ayer, un poco más cerca de sentarse en el banquillo por un presunto caso de corrupción después del último movimiento del Tribunal Supremo, que ya ha solicitado al Congreso el suplicatorio para continuar la causa contra la dirigente independentista. Este trámite, que debe ser aprobado por la Cámara Baja, es el permiso oficial para poder perseguir penalmente a la catalana por conceder, presuntamente a dedo, 18 contratos a un amigo suyo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Ahora, el Parlamento dispondrá de poco más de dos meses para decidir, en sesiones a puerta cerrada en la Comisión del Estatuto del Diputado, sobre esta petición. Lo habitual es que el Congreso conceda la petición del Poder Judicial, como reflejan los datos: 31 suplicatorios aprobados y 14 rechazados (dos de ellos sobre el mismo diputado).
El Alto Tribunal dio ese paso después de que Borràs rechazase declarar de forma voluntaria como investigada por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedad documental en una causa que se abrió en el Supremo en el mes de diciembre enviada por el juzgado de instrucción número nueve de Barcelona. En aquel momento, la política separatista ya era diputada y, por lo tanto, le protegía el aforamiento. De ahí que el caso llegase al Alto Tribunal y que, ahora, deba pronunciarse el Congreso.
Con el suplicatorio, se adjunta la exposición razonada del magistrado instructor del proceso, Eduardo de Porres, en la que recoge «sólidos indicios» de que Borràs adjudicó «directa o indirectamente de manera arbitraria» contratos por 259.863 euros a Isaías Herrero, un amigo suyo también investigado, entre 2013 y 2017, cuando dirigía la ILC.
Por todo ello, a juicio del magistrado, Borràs actuó de forma «desleal» sobre el patrimonio administrado y que existen «motivos suficientes que impiden considerar como inocua» su conducta «falsaria».
La dirigente independentista siempre ha negado una actuación irregular y llegó a denunciar que la causa tenía una «motivación política». Una teoría que en su día también respaldó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no dudó en defender a su compañera de partido cuando se conoció el nuevo movimiento del Supremo. «Fue una gran consellera de Cultura. Es una mujer valiente y honesta. Me honra con su amistad. Siempre a tu lado, Laura», indicó el líder del Govern.