Pasará a la Historia como el mayor fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez y eso que Sánchez pasará a la Historia como uno de los peores presidentes de la democracia española, si no el peor. Pero el desmadre de las vacunas ha provocado una alarma social sin precedentes.
Para ser justos, no solo el presidente español y su Gobierno son responsables del desmadre. La Unión Europea no ha demostrado la obligada eficacia, más obligada todavía en tiempos de crisis como la que está viviendo Europa, y el mundo entero, en este momento. En Bruselas llevan días discutiendo sobre el comportamiento del presidente del Consejo Charles Michel cuando no se levantó para ofrecer su sitio a Ursula van der Leyen durante la entrevista que mantuvieron con Erdogan, pero no se ha abierto un debate serio y minucioso sobre la política de compra de las vacunas.
Fue decisión de los jefes de gobierno que se centralizaran las compras a través de la UE y que la UE distribuyera las vacunas, y sin embargo no se han pedido responsabilidades ante el fiasco de esas compras. Empezando porque Boris Johnson impuso condiciones al fabricante de AstraZeneca, vacuna anglo danesa que el premier británico obligó a distribuir de forma prioritaria en el Reino Unido. En Bruselas no se había incluido en el contrato una cláusula para el caso de no cumplimiento del compromiso firmado.
Por otra parte, tampoco ha intervenido la UE cuando algunas de las farmacéuticas han intentado hacer o han hecho negocio con las ventas a terceros países; cuando no se han cumplido los plazos de entrega firmados o cuando, ante la gravedad de la situación y la inoperancia de Bruselas, algunos gobernantes han decidido acudir al mercado, o buscar influencias al más alto nivel, para tratar de atender las necesidades de los ciudadanos de sus países. El caso más emblemática se produjo hace 10 días cuando Merkel y Macron mantuvieron una conversación telemática con Vladimir Putin y analizaron la posibilidad de que su vacuna, Sputnik, muy condicionada por politiqueos y por rivalidades farmacéuticas, pudiera llegar a la UE. A partir de ese momento, con dos de los principales dirigentes europeos buscando viales al margen de Bruselas, se ha abierto el mercado para otros países sin consulta previa a la Unión Europea.
Van der Layen es consciente de que no puede exigir que los miembros de la UE se queden cruzados de brazos ante una nueva ola de la pandemia cuando Bruselas se ha mostrado ineficaz para cumplir sus compromisos y gestionar la compra y distribución de las vacunas.
Tampoco han estado a la altura la Organización Mundial de la Salud ni la Agencia Europea del Medicamento. Han tardado más de lo conveniente en dar luz verde a nuevos productos, pero lo peor es que cuando ya estaban aprobados, distribuidos e incluso aplicados, han lanzado mensajes confusos respecto a su grado de eficacia primero y, después, lo que es mucho más grave, respecto a los riesgos de vacunar con AstraZeneca. Permitiendo, además, que en el debate aparecieran posiciones que claramente se movían por intereses políticos y económicos más que con criterio exclusivamente médico.
Madrid en el foco político
En España, todos esos inconvenientes, más la falta de profesionalidad y de eficacia, y la constatación de que salían a la superficie razones ajenas a la medicina, se han agrandado con la decisión de Pedro Sánchez de asumir en una primera fase todas las medidas relacionadas con la lucha contra la COVID. Lucha que centralizó en una persona que desde el primer momento provocó desconfianza, el epidemiólogo Fernando Simón, del que muchos de sus compañeros llegaron a dudar de su nivel profesional. Gobiernos regionales pidieron capacidad de decisión, a lo que se negó Moncloa. La rebelión ya se había iniciado Madrid, donde su Ejecutivo, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, impuso medidas que Moncloa consideró escandalosas, como cierre de centros educativos y de ocio … que el Gobierno central acabó decretando luego.
Confinamiento general, cifras estremecedoras de afectados y fallecidos, insistencia de los profesionales de la medicina de que la única salida eran las vacunas, y promesas del Gabinete de Sánchez de que todo estaba controlado y de que en cuanto hubiera vacunas España las adquiriría de forma inmediata.
Las vacunas. Ese era el objetivo. El acuerdo al que se llegó con Bruselas era que la UE centralizaba las compras y enviaba a los países miembros, entre ellos España, la dosis que creía que le correspondían. El Ejecutivo de Sánchez entonces las distribuiría a las comunidades según un criterio poco claro, pues desde el primer momento se advirtieron favoritismos y discriminación. La única función de los Gobiernos regionales era la organización del proceso de inmunización.
Todo ello, con cifras diarias que demostraban que la nueva ola se hacía presente con fuerza, con indignación generalizada por la falta de vacunas, con el Gobierno echando la culpa a Bruselas pero al mismo tiempo con el ojo puesto en los Gabinetes autonómicos para que no buscaran vacunas por su cuenta… Y con la polémica sobre AstraZeneca. Y todo ello también con una campaña electoral en la que el propio Sánchez saltó al ruedo para medirse de tú a tú con la presidenta madrileña, y la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, con la intención de impedir que Isabel Díaz Ayuso siguiera al frente de la CAM.
Guerra abierta
Ayuso mantuvo su pulso con Moncloa y mantuvo abierta la hostelería. Ya antes se había negado a cumplir el horario de toque de queda impuesto por el Gobierno y puso el que le parecía más conveniente. Y, de la misma manera que se había movido para comprar material sanitario en China al inicio de la pandemia, también se movió las últimas semanas para ver cómo estaba el mercado de las vacunas. Así, miembros de su Gabinete se entrevistaron con representantes de Sputnik, pero también de otras farmacéuticas. Como han hecho y hacen ya otros Gobiernos regionales, que también velan por sus ciudadanos y no disimulan su hartazgo por las imposiciones de un Ejecutivo central inoperante, que da bandazos que se suman a los bandazos de la UE y los organismos sanitarios internacionales. Gobiernos autonómicos que no saben ya cómo atender a las centenares de miles de personas que preguntan cuándo les tocará vacunarse, qué pasa con los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca pero necesitan la segunda, si se han recibido ya las nuevas vacuna o qué producto le corresponde en función de su edad. Porque el Gobierno de Sánchez, en este caso motu propio, cambia de criterio en cuestión de horas: sobre la eficacia de las vacunas que llegan a España, el calendario de inmunización, las edades que corresponden a cada vacuna, qué competencias de vacunación y de medidas contra la pandemia tendrán los Gobiernos autonómicos cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo, y cómo se planifica el verano para cumplir el calendario que ha anunciado Sánchez, que ha anunciado la inmunidad de rebaño, el 70 por ciento de los españoles vacunados, a finales de agosto.
Sin liquidez
Con un elemento clave en el aire: los costes de la pandemia. Los ayuntamientos exigen lo prometido, ayuda del Gobierno central porque ellos han asumido importantes gastos sociales; los fondos europeos se retrasan y además no es seguro que Bruselas dé el visto bueno al plan que el Gabinete de Sánchez enviará en los próximos días a Bruselas, a qué partida se van a cargar los precios de las vacunas -¿más impuestos?- o hasta cuando se seguirán prorrogando los ERTE, salvación de millones de españoles cuyos negocios han cerrado o las empresas en las que trabajaban.
Pero en este momento, lo que más inquieta, de lo que se habla, es de las consecuencias de vacunarse con AstraZeneca: faltan datos. Lo que provoca una angustia desmesurada. Acrecentada en muchos casos, no seamos ingenuos, por la competencia. No hay fármaco sin efectos secundarios: para comprobarlo no hay más que leer el papel que incluye la caja del fármaco más común. De cualquiera.