Fue un 8 de febrero de hace 15 años cuando el entonces coordinador provincial de Izquierda Unida, Mariano San Martín, presentó en el Ayuntamiento gobernado por el socialista Heliodoro Gallego un segundo recurso de reposición -unos meses antes había presentado otro similar- contra la cesión onerosa para la construcción de vivienda libre de dos parcelas en una zona de la ciudad que por entonces estaba en pleno desarrollo y que ya se empezaba a conocer como Sector 8.

Tres lustros después, el que sin duda es el mayor varapalo judicial que ha recibido el Consistorio por su gestión urbanística, sigue vivo, pues aún quedan por satisfacer 849.263,10 euros de los 8.031.873,99 euros a los que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una cantidad que debe restituir el patrimonio municipal que el Ayuntamiento vendió para la construcción de vivienda libre cuando debió hacerlo, exclusivamente, para protegida, tal y como marcaba la ley.

Las sentencias del Sector 8 están hoy más cerca de cumplirse, después de que el viernes pasado la Junta de Gobierno Local adjudicara de forma definitiva la venta de una parcela en el Camino de La Torrecilla a la sociedad cooperativa VPO Sector 12 por 1,89 millones de euros.

Un dinero que, como casi todo el que el Consistorio ha obtenido de la venta de su patrimonio en los últimos años, ha ido destinado a cumplir con estas sentencias, dos fallos judiciales que tienen el mismo trasfondo, pero cuya ejecución camina por caminos paralelos.

La primera se remonta a agosto de 2004, cuando se aprobó la venta de dos terrenos municipales en la calle de Lola de la Fuente. La parcela 3-A se adjudicó a la Cooperativa de Viviendas Avenida de San Telmo por un importe de 2.080.813 euros y la parcela 3-B, a Alquileres y Gestión Calle Colón SL por 2.131.600,44 euros. 

La segunda venta ilegal se produjo en a principios de 2005, cuando el equipo de Gobierno de Heliodoro Gallego aprobó la enajenación de los solares  23-5-A y 23-5-B del Sector 8 -los bloques 8 y 10 de la calle Marcos de Celis- para construir en ellas 59 viviendas y 23 locales.

El entonces concejal de Izquierda Unida, Mariano San Martín, presentó sendos recursos de reposición contra estas ventas del patrimonio municipal del suelo. Los dos fueron rechazados por el Consistorio, y el edil decidió llevar estos casos a los tribunales de primera instancia, con la peculiaridad de que en uno se le dio la razón pero en el otro, no.

Esto hizo que San Martín recurriera ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el fallo que daba la razón al Consistorio; y el Ayuntamiento hiciese lo propio con el que dio la razón al edil municipal.

Las sentencias. En junio de 2007, el TSJCyL se pronunció sobre la venta de las parcelas 23-5-A y 23-5-B dando la razón a San Martín y anulando los acuerdos municipales de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento por los que se adjudicaron dichos solares a alquileres y Gestión Calle Colón. Además, el fallo obligaba al Ayuntamiento «a realizar los actos necesarios para que las viviendas que se construyeran sobre esas parcelas queden sujetas a algún régimen de protección pública».

Dos años después, en junio de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaba el recurso de apelación presentado por el Consistorio contra la sentencia que en primera instancia anulaba la venta de las parcelas 3-A y 3-B a Cooperativa de Viviendas Avenida de San Telmo y Alquileres y Gestión Calle Colón SL para la construcción de un total de 66 viviendas y 24 locales.

Aunque con estos fallos quedaba claro que la construcción de viviendas libres en terrenos municipales no constituía un uso de interés social, y que, por tanto, el Ayuntamiento había incumplido la obligación de destinar las parcelas a la construcción de viviendas protegidas, aún quedaba mucha tela que cortar. 

La ejecución. El problema que siempre estuvo sobre la mesa y que enquistó esta polémica durante varios años más fue cómo se ejecutaba las decisiones del TSJCyL. Hay que tener en cuenta que cuando el alto tribunal de la región se pronunció sobre estas ventas ilegales, las viviendas estaban construidas y, en muchos casos vendidas a sus nuevos dueños.

A esto hay que sumar que era imposible adaptar esas viviendas libres a las exigencias que marca la ley para las protegidas. La única solución pasaba por tirar abajo los inmuebles, indemnizar a los propietarios y promotores y volver a construir VPO. 

El Ayuntamiento siempre defendió una alternativa menos gravosa que la exigida por Izquierda Unida pero nunca lograron ponerse de acuerdo; hasta tal punto que, de nuevo, terminaron en los tribunales. 

El juzgado contencioso-administrativo dictó respecto a la sentencia de los solares 23-5-A y 23-5-B que no se podía ejecutar legalmente el destino de los dos bloques construidos en ellas a viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.

El tribunal argumentó que el derribo de los bloques para edificar en su lugar VPO era «una situación tan absolutamente antieconómica (...) que desvirtuaría a todas luces la verdadera finalidad de la sentencia a ejecutar» por el coste y las indemnizaciones que el Ayuntamiento debería pagar. Sobre otra opción, de reformar las viviendas para acondicionarlas a protegidas, sentenció que resultaba «normativa y legalmente imposible».

Fue en ese momento cuando el juzgado mandó al Ayuntamiento construir VPO con el dinero que ingresó de la venta de las parcelas en solares «de condiciones similares».

Izquierda Unida recurrió este fallo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero en abril de 2010 la sala decretó «la imposibilidad legal» de ejecutar el fallo porque las edificaciones estaban ocupadas hacía casi dos años y se causaría un grave perjuicio a sus propietarios.

Así que fue en abril de 2010 cuando el reloj del Ayuntamiento se puso a cero para marcar el tiempo de ejecución de estas dos sentencias. Por una parte, el Consistorio estaba obligado a comprar terrenos por valor de 3.820.000 euros para incorporarlos al patrimonio municipal del suelo.

Y en la otra, con la crisis económica y de la construcción amenazando ya los ingresos municipales, se acordó que el Ayuntamiento vendería primero suelo por valor de 4.211.873,44 euros para obtener así la financiación con la que comprar suelo en el futuro.