Un día después de que el Gobierno avisara de que respondería «con contundencia» ante el pin parental, sin descartar la vía judicial, los partidos siguieron pronunciándose ayer sobre esta medida. El propio PSOE se manifestó al respecto y la tildó de «veto», un plan que también rechazó Ciudadanos en boca de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Mientras, Pablo Montesinos, del PP, aseveró que «nos parece sorprendente que el Ejecutivo ataque esa libertad de los padres en vez de, por ejemplo, pedir que en Cataluña se acabe con el adoctrinamiento en las aulas por parte de las formaciones independentistas. Hay guante de seda con la Generalitat».
El caso es que esta propuesta, que parte de Vox, abre la caja de los truenos sobre el papel de los colegios y de los padres en la educación de sus hijos. Cabe destacar aquí la declaración de la ministra del ramo, Isabel Celaá, que el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aseveró que «los hijos no pertenecen a los padres», pero el sentido común dice que algo tendrán ellos que ver en cómo se les va a educar.
Sobre el papel, lo que la medida pretende es obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una «autorización expresa». Con esto, según el formulario elaborado por la formación de Santiago Abascal, lo que se pretende es que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños «charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones».
El septiembre, ya se instó a hacer esto en la Región de Murcia y nadie se llevó las manos a la cabeza, la cuestión es que esta semana se puso como condición para que Vox apoyara los Presupuestos en esta región, algo extensible a Madrid y Andalucía.
Celaá advirtió que el pin parental es contrario al artículo 1 de la actual ley de educación (Lomce) sobre «la formación integral del alumno», a las normas autonómicas y a la ley contra la violencia de género. Desde el punto de vista normativo, además, podría ser inviable, ya que son las comunidades autónomas las que establecen las actividades complementarias en los colegios e institutos, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo y son obligatorias, por lo que los padres no podrían negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación.