Castilla y León es la comunidad con la superficie forestal más grande de Europa. Unos bosques que dan vida, ofrecen oportunidades de trabajo y generan riqueza en un medio rural cada vez más despoblado que busca vías de supervivencia. Este sector puede ser una de esas oportunidades de desarrollo que necesitan los pueblos y que muchas veces no se aprovechan por desconocimiento, ya que como consideran desde la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), se trata de un sector estratégico para el futuro de la región que no se aprovecha lo suficiente y en el que el minifundismo es uno de sus principales problemas.

De los cinco millones de hectáreas de bosque con las que cuenta la Comunidad, el 54 por ciento es público y el resto está en manos de particulares. Entre ellos, más de 700.000 titulares con menos de cinco hectáreas que se reparten cerca de 700.000 hectáreas de montes.

Unas condiciones que, como advierten desde Fafcyle, provocan que su gestión sea prácticamente «insostenible», con el resultado de que una gran parte del terreno se encuentra sin gestión, lo que incide directamente sobre el crecimiento descontrolado de la vegetación, la acumulación de combustible y la proliferación de incendios forestales. «Sin duda alguna, el factor subyacente que más explica el problema de los incendios forestales en España es la fragmentación de la propiedad forestal y el abandono del manejo que provoca», recalcan.

«Es muy difícil hacer una buena gestión con propiedades tan pequeñas. Es un handicap tremendo para poder gestionar, por lo que tenemos que poner en marcha vías para superar esto y hay que llevar a cabo un acto de voluntad política para poder hacerlo posible», destacó Jesús Pestaña, al frente de la federación regional que engloba a las nueve asociaciones forestales provinciales de la Comunidad.

Para intentar paliar la actual estructura de la propiedad regional desde el colectivo consideran que se debe apostar por las agrupaciones forestales y las concentraciones forestales creando un fondo específico para este fin al que se puedan acoger los propietarios que cumplan las condiciones establecidas al efecto. Como propuesta plantean un céntimo verde, como ya hacen otras comunidades autónomas como Canarias.

Beneficios sociales.

Desde Fafcyle recuerdan que la selvicultura proporciona una serie de beneficios sociales como son el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de los incendios forestales, la conservación de los espacios naturales, la captura de CO2, el mantenimiento del paisaje, del suelo, la calidad de las aguas y los ciclos hidrológicos y erosivos. «La conservación de nuestros bosques pasa necesariamente por aumentar su rentabilidad en términos económicos y, sobre todo, porque esa rentabilidad revierta en los habitantes de las zonas», señalan desde la federación.

Jesús Pestaña recalcó que desde su punto de vista en la Comunidad falta un sentimiento de que lo forestal tiene más ventajas que inconvenientes para todo el mundo. Pestaña aseguró que este sector favorece la biodiversidad, colabora en la reducción de los incendios forestales, captura el CO2, mantiene el paisaje, regula la erosión del suelo, beneficia al ciclo hidrológico. «Tiene tan poco rendimiento económico para el particular y a la vez tanto rendimiento ambiental para la sociedad en general», dijo.

Para fomentar precisamente este rendimiento económico, desde las diferentes asociaciones forestales de la Comunidad plantean a la Administración autonómica una serie de medidas de cara a esta legislatura como la creación de un servicio de asesoramiento forestal que atienda todos los restos del sector. Además, proponen la modificación de la Ley Agraria regional: «A nivel nacional las explotaciones agrarias integran a las forestales, mientras que en Castilla y León no es así, sin que se hayan previsto los mecanismos de coordinación en los registros correspondientes habiendo quedado las explotaciones forestales en una situación discriminada».

Desde la federación de asociaciones demandan igualmente la potenciación de estructuras organizativas del sector forestal y proponen incluir dentro de la Ley 13/2005 de Medidas Financieras de la Comunidad de Castilla y León en el Capítulo II ‘Regímenes especiales de subvenciones’ el mismo reconocimiento para las asociaciones forestales que tienen las opas. Respecto a la financiación, piden una revisión intermedia del Programa de Desarrollo Rural, posibilitando la mejora de los fondos destinados al sector forestal hasta el 15 por ciento comprometido.

A esto se suma la petición de medidas fiscales, así como los incentivos, ya que son una buena fórmula para mejorar la gestión sostenible de los montes, favoreciendo la compra-venta y transacciones de la tierra. Añaden la mejora de la defensa de los montes frente a plagas y enfermedades, aumentando la investigación y la puesta en marcha de nuevos métod