La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI), Juan Pérez, firmó hoy un protocolo de colaboración que nace con el objetivo de que ambas instituciones trabajen de manera conjunta para garantizar, en todo momento, que las personas con discapacidad de la Comunidad reciben una atención integral y personalizada que cubra todas sus necesidades sanitarias y sociales.
Según informó la Junta en un comunicado, Sacyl se comprometió, dentro del IV Plan de Salud de Castilla y León, a dirigir su labor hacia la creación de un modelo de atención integrada de coordinación sociosanitaria en el que las entidades implicadas en el proceso de atención establezcan un sistema de información compartida que permita la gestión conjunta de los servicios, con el fin de acercarlos al entorno del paciente mediante el apoyo domiciliario organizado y la ayuda a las familias.
Dentro de esta responsabilidad adquirida, se incluye el acuerdo establecido con el CERMI, puesto que la Junta sostiene que la colaboración con ellos es "clave" para llegar a todos los ciudadanos que forman parte de las organizaciones y federaciones autonómicas más representativas en ese sector, como son: ASPACE, AUTISMO, COCEMFE, DOWN, FAPAS, FAPSCL, FEACEM, PLENA INCLUSIÓN, ONCE, PREDIF, SALUD MENTAL, FECYLDACE y AERSCYL. En total, esta agrupación representa a unas 250.000 personas con discapacidad de la Comunidad.
El protocolo firmado se desarrollará mediante convenios y la creación de grupos de trabajo, y traerá consigo acciones como, por ejemplo, la realización de líneas de estudio sobre las condiciones de vida de este colectivo o sobre cómo mejorar la calidad del día a día de los pacientes con enfermedades crónicas, de las minorías o de la población con riesgo de marginación social. También se trabajará para apoyar a los cuidadores, promocionar la igualdad de oportunidades y fomentar la accesibilidad en todos los aspectos del ciclo vital.
Además, se dará mayor visibilidad a aquellas situaciones que pueden producir inequidad y se potenciará la prevención de complicaciones, reduciendo los factores de riesgo de descompensación. Se establece, asimismo, un compromiso para desarrollar una acción política que represente los intereses de las personas con discapacidad en Castilla y León, de manera tanto individual como colectiva.