El pleno de la Diputación dio ayer luz verde al plan de medidas antifraude de la institución provincial. Este documento se estructura en torno a  cuatro elementos clave: prevención, detección, corrección y persecución, y será de aplicación a todos los órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de los fondos europeos provenientes del mecanismo para la recuperación y la resiliencia. El Ministerio de Hacienda exige este documento como sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses en las administraciones que gestionen estos fondos. 

En la Diputación ya se estaba trabajando con mecanismos de evaluación de riesgos y de refuerzo del control interno, lo que ha llevado a alinear el nuevo plan, habilitando sistemas tales como la inclusión de una declaración institucional de tolerancia cero con la corrupción y los conflictos de intereses, que afecta a todos los cargos electos y empleados públicos de la institución. Asimismo, se incluye un código ético y de conducta, medidas de comunicación especiales y un sistema estructurado de detección y evaluación de riesgos.

La unidad funcional de coordinación de fondos europeos, en colaboración con la intervención de fondos, ha sido la encargada de realizar el ejercicio de evaluación inicial del riesgo de fraude. Posteriormente, será el comité antifraude, órgano que se creará como consecuencia de la aprobación del citado plan, el encargado de gestionar y desarrollar las medidas contenidas en el documento, así como evaluar el cumplimiento de sus objetivos.

control constante. El presente plan antifraude de la Diputación, que es una de las primeras instituciones en todo el territorio en disponer de ese novedoso instrumento, tiene como objetivo establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los conflictos de intereses en relación con los fondos que lleguen de la Unión Europea.

Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

La presidenta, Ángeles Armisén, aprovechó este punto del orden del día para felicitar y agradecer la implicación, el trabajo y el buen hacer de Secretaría y del área de Intervención y Recaudación para sacar adelante el plan en tiempo récord.

El portavoz de Ganemos, EduardoHermida, defendió la necesidad de sacar adelante este plan por experiencias como la de los fondos Miner en la cuenca minera. Por su parte, Mariano Martínez, desde la bancada socialista, afirmó que es un mecanismo de control «necesario» cuando se gestionan fondos públicos.

FORMACIÓN

Para extender este plan antifraude a los municipios, y facilitar la gestión a aquellos que cuenten con fondos de Europa, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) ha puesto en marcha dos acciones formativas: una jornada para municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciónes, que ya se ha celebrado, y otra que tendrá lugar las próximas semanas para pueblos con una población inferior.

Asimismo, Armisén -que también preside la FRMR- avanzó que se pondrá a disposición de los ayuntamientos unos modelos básicos para que puedan ser aprobados en pleno. Asimismo, adelantó que se celebrarán nuevas jornadas de gestión y elaboración de planes antifraude para secretarios e interventores.