La Audiencia Provincial ha archivado definitivamente mediante un auto las diligencias abiertas contra el alcalde de Saldaña, Gerardo León, miembros del Ayuntamiento y contra una empresa pirotécnica después de que un hombre presentara una denuncia tras resultar lesionado por un petardo en el espectáculo del toro de fuego celebrado durante las fiestas de la Virgen del Valle de 2017.

La Audiencia, en el auto al que ha tenido acceso Diario Palentino en el que, no obstante, deja abierta la vía civil, ha venido a ratificar el sobreseimiento de las actuaciones que en septiembre del pasado año dictó el juzgado de primera instancia e instrucción de Carrión.

La Audiencia argumenta que el mero hecho de que la atracción -el toro de fuego es un armazón metálico que imita la forma de un toro, sobre cuyo espinazo se coloca un bastidor con elementos pirotécnicos- lance chispas o incluso que lance petardos, «no determina una vulneración de relevantes deberes objetivos que justifique una reprobación penal».

Para el alto tribunal de la provincia, la iniciativa penal «es desmedida», ya que, de prosperar, «supondría determinar una responsabilidad penal cada vez que cualquier defecto de un servicio público o elemento de titularidad pública generara lesiones a una persona».

La sala pormenoriza que el espectáculo se realiza en un recinto concreto con carteles que lo identifican y delimitan, y así consta en el programa de fiestas, además de avisarse con antelación el inicio de la suelta del toro de fuego. 

Asimismo, el operario que maneja el toro es bombero y guarda de seguridad y ha recibido cursos de formación y ello, sin olvidar, que el manejo del toro de fuego, «no requiere de especial cualificación», atendiendo que, por otro lado, una cosa es la estructura metálica y otra el artificio pirotécnico que se encaja en la misma. 

La Audiencia insiste en no entrar en el debate si el toro de fuego solo lanza chispas o también cohetes o petardos, y reitera que si los petardos hubieran salido del toro o de un tercero, «ello no implica una imprudencia que justificara mantener la imputación penal de miembros de la corporación municipal».