El Consejo Económico y Social (CES) ha propuesto que la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León esté descentralizada, sin integración en ninguna institución y que vele por la protección de la identidad de los denunciantes. Además, recomienda que no tenga nada que ver con canales similares de denuncias de los que ya se dispone tanto en las entidades locales como a nivel estatal.

El CES dio a conocer hoy el informe previo del anteproyecto de Ley de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Castilla y León, en el que reclama a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta “un mayor esfuerzo” para crear una nueva entidad descentralizada.

En la exposición de motivos del informe argumenta que “los instrumentos con los que cuenta la administración resultan insuficientes para abordar la actuación que se pretende de forma global sobre todo tipo de fraude y corrupción, por lo que se requiere dotar a la Comunidad de un instrumento jurídico que permita abarcar en toda su amplitud”.

En opinión del CES, en principio se podría apuntar que la creación de un órgano independiente puede facilitar la presentación y la gestión de denuncias, seleccionando las más relevantes y estableciendo prioridades en la investigación posterior de las mismas, si bien, apuntó, “sería deseable un diseño suficientemente claro de competencias que evite el solapamiento con el resto de los órganos y organismos con competencias en la materia”.

El CES consideró que, además de su función explícita, la regulación del anteproyecto debería profundizar en el establecimiento de una avanzada y moderna protección de los denunciantes ya que constituye el instrumento más importante para ayudar a la consecución de los fines y objetivos que se plantean, que “coadyuvaría con mayor firmeza el establecimiento de este nuevo canal adicional de denuncia a través de este nuevo ente público”.

Asimismo, consideró que, en caso de revelación de su identidad, el informante que haya presentado una denuncia (anónima o no) pueda beneficiarse de mecanismos de protección adecuados, ya que el anteproyecto delega estas actuaciones en los órganos competentes al establecer que la actuación del nuevo ente público en estos casos se circunscribe a “instar de los órganos competentes la adopción de las actuaciones y de las medidas necesarias para eliminar dicha situación”.

Además, el Consejo estimó que el sistema de garantías establecido en el anteproyecto no es suficientemente amplio para la protección integral de un eventual denunciante. Al respecto, explicó que para que puedan cumplirse los fines pretendidos con la creación de esta nueva Oficina es “imprescindible” que existan canales o vías que permitan una fácil interacción de cualquier persona que conozca actuaciones constitutivas de fraude o corrupción de las administraciones o entes de la Comunidad con la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León, máxime cuando la práctica y el tiempo transcurrido han evidenciado el escaso volumen de tramitación de actuaciones al amparo de la Ley vigente.