La crisis que aún colea en la provincia pese a que la situación va mejorando poco a poco, la pobreza energética que padecen los sectores más vulnerables de la población, la constante subida de la factura de la luz (que según los expertos se encarecerá aún más cuando cesen su actividad las centrales térmicas de carbón) o la picaresca, tan propia de este país como el jamón ibérico. Los motivos son diversos, pero el fraude eléctrico se ha convertido en un importante problema para el que parece no haber una solución, al menos en el corto plazo. Un problema para las compañías que suministran electricidad, pero también para los consumidores, por los costes añadidos que les acarrean estas irresponsables conductas a final de mes y por los peligros que suponen estas prácticas. 
Con este panorama, no es difícil de extrañar que los fraudes eléctricos aumenten año tras año, una tendencia a la que Palencia no es ajena. Así, Iberdrola detectó en 2018 un total de 388 casos en el conjunto de la provincia, un 5,15 por ciento más que en 2017 cuando la multinacional bilbaína cazó a 369 infractores. Estas cifras son el resultado de las 2.400 inspecciones que realizó la empresa entre enero y diciembre, número ligeramente superior a las que se ejecutaron un año atrás, período en el que se tramitaron un total de 2.187.

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