El exmarido de Marisol González Encinas, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6, especializado en violencia de género, ha ingresado en la prisión de La Moraleja para cumplir una condena de 10 meses de prisión por quebrantamiento continuado de la medida de alejamiento, según confirmó ayer a este periódico la letrada que defiende sus derechos, María Elena Pinacho Gil.
Asimismo, está pendiente de forma inminente de la ejecutoria de otra sentencia de 24 meses de prisión por lesiones y amenazas al hermano de la magistrada.
Como ya publicó este periódico en abril de este año, la magistrada remitió un escrito de queja a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en el que solicitaba que se adoptaran las medidas oportunas al objeto de que se acordara el ingreso en prisión de su exmarido, condenado precisamente por violencia de género, «ante el temor fundado de que cumpla sus amenazas de muerte, mi angustia, desesperación e impotencia, y mi deseo de poder recuperarme para incorporarme a mi trabajo y poder ayudar a víctimas como yo». De hecho, la magistrada se encuentra actualmente de baja laboral y no espera reincorporarse a su puesto, por lo menos, hasta septiembre.
La magistrada, asimismo, solicitó en el escrito remitido al CGPJ y al que tuvo acceso Diario Palentino, que se depuraran también las responsabilidades disciplinarias que correspondan «tras seis años de calvario».
Recordaba la magistrada, que también cuenta con el apoyo de la Asociación Clara Campoamor que representan los letrados palentinos Luis Antonio Calvo y Margarita Calle, y que está personada en algunos de sus procedimientos, que su exmarido la agredió, la amenazó de muerte con un cuchillo y la maltrató en presencia de sus hijos menores, dictándose una sentencia en la que se le condenaba como autor de un delito de maltrato, dos delitos de amenazas y un delito de lesiones, pena que, tras ser suspendida durante dos años, existió otra posterior por delito de quebrantamiento continuado.
La togada explicó al CGPJ que tras obtener una medida de alejamiento a 200 metros de ella, su exmarido se instaló en un piso que se encontraba a menos de 100 metros de distancia del suyo, por lo que tuvo que solicitar un dispositivo electrónico que lleva desde entonces. Reitera que por culpa de la situación vivida sufre de un trastorno adaptativo mixto, por lo que ha requerido tratamiento psiquiátrico y sus hijos psicológico. Relató que desde 2016 ha denunciado «en múltiples ocasiones» los quebrantamientos llevados a cabo.