Castilla y León se sitúa a la cabeza de España con mayor porcentaje de plazas residenciales para mayores de carácter público, con un 80 por ciento, y la que tiene la cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en Castilla y León es del 7,8 por ciento, lo que supone el más alto de España ya que la media nacional se sitúa en el 4,2 por ciento. De ese 7,8 por ciento, un 6,3 corresponde a plazas de financiación pública –propias o concertadas– y un 1,5 por ciento de financiación privada. De esta manera, Castilla y León supera en 17.409 plazas la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, que es el criterio marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre la situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en las comunidades autónomas entre los años 2010 y 2019 recoge que solo cinco territorios (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. En el resto de comunidades, la ratio de plazas residenciales para personas mayores se mantiene por debajo de la recomendación de la OMS.
En este sentido, la asociación denunció que siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España. En el caso de Castilla y León, las plazas residenciales para personas mayores, entre públicas y privadas, ha pasado de las 42.725 en 2010 a las 48.089 registradas en 2019. Es decir, ha habido un aumento del 12,5 por ciento. Un incremento muy superior al contabilizado en el conjunto de España, donde fue del 5,4 por ciento, al pasar de las 368.805 a las 389.031 plazas. El estudio, recogido por la Agencia Ical, señaló que España cuenta con 389.031 plazas residenciales para personas mayores en 5.542 centros, de los que 1.435 centros son centros públicos y 4.107, privados.
Compromiso
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León valoró los datos del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En este sentido, aprovechó este estudio para recordar el compromiso de legislatura del incremento del 25% de las plazas residenciales de responsabilidad pública, la revisión del modelo de atención residencial, el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías así como la elaboración de una Ley de Atención Residencial. Un comunicado de la Junta señaló que la Consejería de Familia, consciente de la necesidad de avanzar «cuanto antes» en la Ley de Atención Residencial, constituyó en julio varios grupos trabajo que han contado con una amplia participación de todos los sectores que han solicitado formar parte.