El alcalde, Mario Simón, dio ayer por definitiva su decisión de eliminar el turno de ruegos y preguntas de las Juntas de Gobierno Local. Una medida adoptada después de que el grupo municipal socialista incluyese en su denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en la contratación de la recogida de papel y cartón, parte de un acta de la sesión del 20 de diciembre de 2019.
El primer edil justificó su decisión en que «hay que cumplir con la normativa vigente», y recordó que este órgano es «de asesoramiento del alcalde» y no «de control mediante preguntas, algo para lo que ya están las comisiones informativas y el pleno».
Efectivamente, el alcalde tiene la potestad de decidir no solo qué temas se tratan en la Junta de Gobierno Local, sino también quién la conforman. De hecho, en muchas capitales de provincia es habitual que la oposición no tome parte de este órgano de asesoramiento.
Sin embargo, no es menos cierto que en la capital la oposición siempre ha formado parte de la Junta de Gobierno Local, y que siempre, gobernara quien gobernara, ha existido un turno de ruegos y preguntas a través del que han ejercido su labor política. Incluido Ciudadanos, que durante el anterior mandato aprovechó para plantear cuestiones como el concurso del plan director del Cristo, las obras del pabellón municipal o la cesión de la plaza de todos, por nombrar algunas.
No es la primera vez que un equipo de Gobierno quiere cambiar esta forma de funcionamiento, pero hasta ahora no habían pasado de ser amagos. El anterior alcalde, Alfonso Polanco, amenazó con sacar a la oposición de las juntas de gobierno local en varias ocasiones -al menos en una, de forma pública-, sobre todo en la última etapa, cuando Ciudadanos votaba en este órgano a favor de la oposición. Sin embargo, ha sido el partido naranja quien ha decidido cambiar esta reglas de juego, asegurando que «este órgano no es para hacer política, sino un lugar de para trabajar por la ciudad».
«represalia». Pese a que legal mente no hay objeción alguna a la decisión tomada por Mario Simón, las críticas de la oposición arreciaron. A las del PSOE, cuya portavoz Miriram Andrés insistió ayer en tachar de «represalia» la decisión «vergonzosa» del alcalde, se unieron las de Ganemos, daño colateral del enfrentamiento.
«Es el único órgano dónde podían debatirse de forma más distendida soluciones para problemas de la ciudad, así que creemos que la decisión resulta muy poco democrática y significa cortar todo tipo de comunicación con los grupos políticos», aseveró su portavoz, Sonia Ordóñez. «Está condenando a la corporación a una gran falta de transparencia, restringiendo cualquier posibilidad de control o protesta que ahora solo podrá realizarse en el pleno, un hecho sin precedentes en la historia del Consistorio», añadió.
Falta de trasparencia. Asimismo, Ganemos denunció que «en numerosas ocasiones, las diferentes comisiones han omitido información, retrasándose su entrega hasta el mismo momento del desarrollo de la misma; o que, otras tantas veces, los responsables de las diferentes áreas han dificultado el acceso a los expedientes pasándose la pelota, cuando se trata de un derecho de los concejales electos el tener acceso a éstas y otras informaciones».
Otro punto sobre el que llamó la atención Ganemos -y que también ha criticado el PSOE- es «el cambio constante en las convocatorias de comisiones y plenos que contravienen los acuerdos adoptados al inicio de la legislatura». «Hay que señalar que la elección de la fecha y hora de muchos de los plenos se ha realizado aleatoriamente y sin respetar los horarios del máximo órgano de decisión, que no es otro sino el pleno, y en algunas ocasiones se escudan en el carácter de extraordinario y urgente para ocultar la información e impedir la participación», sentenció Sonia Ordóñez.