Condenado por estafar a una familia empresaria de Torquemada

ALBERTO ABASCAL
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Condenado por estafar a una familia empresaria de Torquemada - Foto: Alberto Rodrigo

Torquetrans SL se llegó a quedar sin los activos vendidos que incluían dos camiones y 5 remolques

La Audiencia Provincial ha condenado a F.R.G. a tres años de prisión, así como una multa de 1.620 euros,  como autor responsable de un delito de estafa agravada a una familia de Torquemada propietaria de una empresa de transportes, que se quedó sin los activos vendidos entre los que se incluían dos camiones y cinco remolques, y que tampoco pudo ejecutar el aval de una finca hipotecada en Segovia por los procesados, que en realidad estaba registrada a nombre de una tercera empresa. Asimismo, la sala le impuesto una indemnización global para los perjudicados de 85.949 euros.
Cabe recordar que el alto tribunal de la provincia ya condenó hace varios meses a penas que oscilaban entre un año y seis meses y tres años de prisión a otros dos acusados en este proceso, concretamente J.J.G.A., que reconoció su implicación por lo que la sala le rebajó la pena, y F.H.M., respectivamente. 
El fiscal sostenía que el acusado, junto a los ya condenados F. H.M. y J.J.G.A., «puestos previamente de común acuerdo por el ánimo de enriquecerse injustamente con el patrimonio ajeno», desplegaron una estratagema para defraudar a J. C. G. M. y a sus familiares, que eran titulares de Torquetrans SL.
Dicha empresa era propiedad de una familia (matrimonio e hijos) de la localidad cerrateña y tenía como principal activo dos camiones y cinco remolques, tasados pericialmente en 54.000 euros. La empresa arrastraba unas deudas contraídas con terceros y entidades financieras que alcanzaban los 87.000 euros. 
El fiscal mantuvo que meses antes de junio de 2012 el propietario de Torquetrans SL decidió poner a la venta la empresa a través de Internet, para lo que contrató la mediación de una mercantil,  Memor y Consulting, quienes, a cambio de 1.300 euros, le presentaron varias ofertas hasta que se aceptó una. Así, el día 1 de junio de 2012 comparecieron en un notario de Palencia las dos partes, compradores y vendedores. La parte  compradora (uno de los acusados se hizo pasar como administrador único de la firma Pavimentaciones AJ Calleja) acordó adquirir Torquetrans SL por el precio de 6.000 euros, además de asumir las deudas en un plazo de cuatro meses. 
Además, los compradores ofrecieron como garantía una hipoteca sobre una finca situada en la Granja de San Ildefonso (Segovia) de 1.109 metros cuadrados. Ese mismo día, los acusados, al disponer ya de las llaves de los distintos vehículos, se personaron en la finca de Torquetrans SL donde estaban estacionados sus camiones y remolques para apropiarse de los mismos, así como de tres bañeras volquetes, que posteriormente fueron vendidos a terceros ajenos a este procedimiento.

El fiscal reiteró que posteriormente, a través del Registro de la Propiedad Número 3 de Segovia, se conoció que la finca situada en la Granja de San Ildefonso y cuya hipoteca se puso como aval estaba registrada a una tercera empresa, Cartonajes Juárez SL, lo que suponía que los compradores no cumplieran con su parte del contrato.