El juzgado de los social número 1 de Santander ha dado la razón al profesor palentino Juan Carlos Aparicio en su disputa con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que trabajaba desde hacía 12 años primero sin contraro y lugo con uno administrativo pero sin cotizar en el régimen general, y de la que fue despedido tras denunciar estas «irregularidades» ante la Inspección de Trabajo.

La sentencia, fechada el pasado 18 de julio, declara nulo el despido, obliga a la universidad santanderina a readmitir al profesor, al entender que el vínculo administrativo entre las partes ocultaba la existencia de una relación laboral e indefinida. 

El juez da por acreditada esta relación, y que el docente llegó a trabajar incluso 11 meses al año, de ahí que, además de su inmediata reincorporación, ordena a la UIMP a que abone los salarios correspondientes como trabajador y a que respete su antigüedad, fijando el inicio de la relación laboral el 3 de julio de 2007.

Fue en esa fecha cuando Juan Carlos Aparicio, de 55 años y licenciado en Filología, llegó a Santander para trabajar como profesor de español en los cursos para extranjeros de la prestigiosa Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Durante un tiempo impartió clases de verano en el Campus de Las Llamas, la sede permanente de los cursos de español a lo largo de todo el año. «Lo hacía sin ningún tipo de contrato, hasta que en septiembre de 2013 comencé a trabajar durante todo el año, y desde la Universidad me pidieron que me diese de alta en autónomos para hacer un contrato administrativo, como si fuéramos proveedores, pero seguíamos sin cotizar en el Régimen General».

a la inspección. En abril de 2018, Juan Carlos Aparicio dijo basta y puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo su «situación de ilegalidad», aportando más de 300 documentos que en su opinión probaban la verdadera relación laboral entre él y la universidad.

«En octubre, cuando se enteraron, me despidieron, por lo que me vi obligado a interponer una demanda ante el juzgado de lo Social», sostiene el profesor. Para el juez, está claro que fue la denuncia ante la Inspección de Trabajo la que motivó el fin de la relación laboral.

La respuesta de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la sentencia judicial, contra la que cabe recurso, ha sido pedir una aclaración para determinar si debe reincorporarse como profesor fijo o indefinido.

En un comunicado público, se ha limitado a exponer que el abogado del Estado que defiende los intereses de la universidad está estudiando el caso porque considera que «la resolución no ha fallado sobre todas las pretensiones», según recoge El Diario Montañés, que ha hecho pública esta información.

El futuro. En declaraciones a Diario Palentino, Juan Carlos Aparicio asegura que su intención es seguir trabajando como profesor de universidad. «Pero con contrato laboral, como el resto de personal de la UIMP», puntualiza el docente.

Sobre si cree que esta sentencia puede cambiar la situación similar de otros profesores de la UIMP sostiene que el fallo del juez «saca a la luz la cara oculta de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que siendo un órgano dependiente del Gobierno de España, fomenta la precariedad laboral y la ilegalidad de sus trabajadores». «Claro que hay más compañeros en mi situación, igual que como cuando entré en 2007, sin nada», sentencia este docente palentino.