Archivadas las diligencias por las licencias del Cine Amor

ALBERTO ABASCAL
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El juzgado número 1 de Cervera de Pisuerga no encuentra acción delictiva en la Junta de Gobierno Local de Aguilar de Campoo, la empresa constructora y la Diputación

Archivadas las diligencias por las licencias del Cine Amor

El juzgado de instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga ha dictado un auto, que puede ser recurrido, por el que ha decidido sobreseer el procedimiento de carácter penal abierto por la concesión de la licencias urbanísticas de rehabilitación y demolición del antiguo Cine Amor para convertirlo en el actual Centro Cultural Provincial de Aguilar de Campoo. 
Las diligencias se reabrieron en diciembre de 2017 por orden de la Audiencia Provincial al entender el alto tribunal de la provincia que debían declarar como investigados los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar, la empresa constructora y representantes de la Diputación como querellados por tres delitos contra la ordenación del territorio, un delito contra el patrimonio histórico y otro de prevaricación
Dichas diligencias habían sido abiertas a petición del titular del juzgado de lo contencioso-administrativo cuando ordenó, mediante sentencia, el derribo del centro cultural, que fue anulado posteriormente por el TSJCyL.
Durante la instrucción, en marzo del pasado año, tuvieron que declarar en el juzgado cerverano la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega; el concejal de Urbanismo, Carlos Sierra; y tres arquitectos, dos de la Diputación y uno del Ayuntamiento de Aguilar. 

El alto tribunal de la provincia, tal y como publicó Diario Palentino, consideró que debían declarar como investigados los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor de la concesión de dichas licencias, así como la empresa Hormigones Saldaña y la Diputación, a raíz de la querella que el anterior propietario de las instalaciones culturales presentó en noviembre de 2015 contra los mismos por tres supuestos delitos contra la ordenación del territorio, otro contra el patrimonio histórico y un quinto de prevaricación.
Además, dichas diligencias también se abrieron a consecuencia de que el magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo remitiera su sentencia de instancia -ordenaba el derribo de la edificación rehabilitada al considerar que no era compatible con el ordenamiento urbanístico e imponía una fuerte multa a la Diputación-, a los juzgados cerveranos a fin de que se dedujera testimonio por si se hubiera podido cometer algún delito en la actuación municipal en la tramitación y desarrollo de este proyecto.
El juzgado instructor, tras un informe favorable de la Fiscalía, decidió sobreseer las actuaciones en julio de 2017 al estimar que no estaba debidamente justificada la perpetración de delito alguno. Sin embargo, tras el recurso presentado por el anterior propietario de los Cines Amor, la Audiencia Provincial decidió que el juzgado número 1 de Cervera de Pisuerga volviera a reabrir las diligencias para que instruyera en toda su extensión. Después de un año prácticamente de investigación, la juez instructora, con un segundo informe favorable de la Fiscalía, ha decidido sobreseer la causa al no encontrar ningún indicio de carácter penal.
Hay que recordar que el magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo argumentó en su dictamen de instancia, que finalmente fue revocado y anulado por la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que a lo largo del expediente administrativo  del procedimiento abierto existía «una evidencia ineludible» y era que existía una serie de obras ejecutadas en el Centro Cultural Provincial que no estaban amparadas por la licencia. 
En esta primera sentencia dictada en julio de 2015, que causó enorme revuelo político, el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo ordenó incluso la demolición del actual Centro Cultural Provincial de Aguilar de Campoo y, asimismo, exigió la reconstrucción del antiguo Cine Amor de la localidad norteña por parte de la Diputación, al considerar que las obras, que fueron inauguradas en diciembre de 2010 por el entonces presidente Enrique Martín, «no eran compatibles con el planeamiento urbanístico de Aguilar de Campoo, al haberse ejecutado en una zona con condiciones de edificación consolidada y uso residencial» y condenó, a su vez, a la Diputación con una multa de 300.000 euros por «falta grave».
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó en junio de 2016  este dictamen al rechazar las pretensiones de anulación de las licencias de demolición, urbanística, ambiental y apertura. Asimismo, quedó sin efecto la sanción de 300.000 euros, aunque obligaba al Ayuntamiento a requerir nuevas licencias sobre los modificados realizados. En este sentido, la sentencia del TSJCyL declaró expresamente legalizables esas obras que contaban con un informe favorable de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.
Conocido a través de Diario Palentino del archivo de la causa penal,  aunque puede ser recurrida, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, aseguró que esta causa «tiene más sensación de ir contra determinadas personas que buscar una pretensión legal». «Se ha intentado dañar la credibilidad de los políticos y su actuación a través de la Justicia, que ha tenido que dedicar una buena parte de su labor en una causa que no tenía una justificación», apuntó la alcaldesa aguilarense, quien añadió que a lo largo de este tiempo ha estado «muy disgustada, pero a la vez muy tranquila porque siempre hemos actuado con arreglo a las normas. Se ha intentado dañar la imagen de los políticos y creo que se ha hecho justicia».

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