La Junta y el Gobierno iniciaron una campaña conjunta de control a los centros de trabajo de la región con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias frente al Covid-19.

La iniciativa la promueve las consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad, en colaboración con el organismo autónomo adscrito al ministerio de Trabajo y Economía Social. En ella participan inspectores, subinspectores y técnicos.

La campaña se desarrollará en dos fases. En la primera, que comenzó a finales de esta semana y se prolongará hasta el nueve de agosto, equipos integrados por personal de ambas consejerías y de la inspección estatal realizan visitas de control a empresas de diferentes sectores, en base a las actividades más representativas de cada provincia. La segunda comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán más efectivos del área de Sanidad, que operarán de forma independiente, pero coordinada, con los de Trabajo y los técnicos de empleo e Industria.

El personal que participa en esta campaña está habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de empresas. Así, los inspectores pueden establecer multas de entre 2.046 y 40.985 euros por infracciones graves. Por su parte, las sanciones aplicables por la Junta oscilan entre los 100 y los 3.000 euros para infracciones leves; entre los 3.001 y 60.000 euros para las graves; y entre los 60.001 y 600.000 euros en el caso de muy graves.

Entre las medidas de obligado cumplimiento más relevantes, cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no fuera posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. Asimismo, el uso de mascarilla también es obligatorio.

En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de persona - ya sean clientes o trabajadores -y el fomento del teletrabajo.

El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes, como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia, así como diferentes directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.