El informe 'Cole Seguro', que recoge los datos de la seguridad de la educación en Castilla y León durante el primer trimestre del curso 2020/2021 concluye que los Fondos COVID para educación favorecen la seguridad en las aulas pero no la equidad educativa.  De hecho, el 82 por ciento de las familias han tenido que incrementar su gasto en materiales y equipos con respecto a cursos anteriores.

El estudio, realizado por la Plataforma de Infancia y Política Watch con el asesoramiento de la Plataforma de Infancia de Castilla y León y recogido por Ical, sostiene que sólo un 29 por ciento de la población en Castilla y León considera que las medidas aplicadas para que todos los niños y niñas puedan seguir con su educación fueron suficientes, frente al 57 por ciento que consideran que no se tomaron iniciativas o que éstas fueron insuficientes.

Por otro lado, no se han identificado ampliaciones en las partidas de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades a través de los Fondos COVID. Sin embargo, la partida destinada a comedor escolar en Castilla y León es muy superior a la media de España alcanzando el 4,8 por ciento del total en esta Comunidad frente al 2,5 por ciento estatal. Esta financiación se destinó al establecimiento de ayudas y becas para el acceso al servicio de comedor escolar.  

El gasto en educación digital se sitúa en el 0,81 por ciento del fondo, muy por debajo del 10,19 por ciento que destinó de media en el resto de Comunidades. Castilla y León a través de los Fondos COVID-19 invirtió un euro por estudiante en educación digital frente a los 22,25 euros de media en España. El 62 por ciento de la población encuestada considera que la educación digital en su centro es “regular o deficiente”, diez puntos porcentuales peor valorada que la media estatal de un 52 por ciento.  

De forma general en todo el país se identifica que las administraciones educativas adoptaron medidas para favorecer la seguridad de la educación presencial. No obstante, los datos en Castilla y León muestran una satisfacción inferior que en la media del Estado, donde la proporción de insatisfacción se corresponde con el 47 por ciento de las respuestas, frente al 40 por ciento estatal.  

Por otro lado, cada centro ha aumentado su plantilla en una persona docente de media durante este curso en Castilla y León, por debajo de la media de España, aunque se invirtió más del 70 por ciento de los Fondos a esta partida. Sin embargo, sí aumentó el porcentaje de sustituciones por COVID.

En Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura, el 63 por ciento de la población considera que la comunidad educativa no ha podido participar de las decisiones que se han tomado en el centro en cuanto a la COVID-19, 13 puntos por encima de la media estatal. En el conjunto de España las personas con las rentas más bajas consideran en mayor proporción que las medidas adoptadas y la información recibida sobre ellas han sido insuficientes o poco efectivas, con respecto a las de rentas medias y altas.  

Sobre los protocolos adoptados para garantizar la seguridad de la educación presencial, el 70 por ciento de las personas encuestadas manifestó saber a quién contactar en el centro si hay un caso positivo de COVID-19. Además, los protocolos de entrada y salida y las medidas adicionales de ventilación fueron adoptadas en la mayor parte de los centros consultados y un 71 por ciento estableció grupos de convivencia en todos los cursos, respetándose en el 84 por ciento de las ocasiones.  

Asimismo, as medidas adoptadas para frenar la expansión del COVID-19 están teniendo y tendrán a medio y largo plazo un impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no hubo ningún anuncio de fondos destinados a ampliar los servicios de atención psicológica en centros educativos a cargo de los Fondos COVID-19.  

Por último, desde 'Cole Seguro' reclaman una “mayor transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las administraciones educativas”, ya que para analizar las inversiones llevadas a cabo haciendo uso de los Fondos COVID-19, encontraron “un gran número de obstáculos “que dificultan la evaluación y el adecuado control de las políticas públicas.