El 87,9 por ciento de los 1.015 contagios por la covid-19 registrados en Valladolid en las dos últimas semanas de agosto no están vinculados a ningún brote y, por lo tanto, tienen un origen desconocido, según se destaca en un informe de la Dirección General de Salud Pública de la Junta que esta mañana fue presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL en Valladolid por el abogado de la Junta, durante la vista celebrada para decidir sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valladolid contra las medidas sanitarias preventivas impuestas por la Consejería de Sanidad y sobre el que ayer la Sala ya se pronunció al denegar la adopción de medidas cautelares.

Mientras el abogado de la Junta, Daniel Fernández Sutil, argumentó que en el informe de Salud Pública se reconoce que en Valladolid existe transmisión comunitaria del coronavirus y una situación de “descontrol”, además de indicar que en la última semana de agosto la tasa de contagios subió hasta los 21,79 casos por 10.000 habitantes, cifra por encima de la media del conjunto de España, el letrado del Ayuntamiento, Rafael Guerra, reclamó a la Sala que al menos exista una rectificación en los aforos y que la norma, como ha venido ocurriendo hasta ahora, tenga en cuenta la capacidad de los espacios.

El abogado del Consistorio aseguró que en ningún momento se duda de las “buenas intenciones” que la Junta, pero insistió en que se trata de una normativa incoherente y desproporcionada. Así, indicó que la Consejería de Sanidad no aporta ningún informe científico en el que se recomienda que el aforo para cualquier acto público sea de 25 personas, y argumentó que en todas las normativas aprobadas desde el inicio de la desescalada los aforos siempre han limitado a un porcentaje de la capacidad de los recintos y no a un número concreto.

En este sentido, indicó que el Ayuntamiento tenía previsto reducir la capacidad del Teatro Calderón muy por encima de los criterios marcados hasta la nueva normativa de la Junta, y que establecía un aforo del 50 por ciento. Así, para las representaciones de los próximos días sólo estaba previsto que se ocuparan 220 de las 956 con las cuenta el teatro.

Además, se preguntó si tiene sentido reducir a 50 personas el aforo del patio de la Feria de Muestras, cuando tiene una capacidad para 6.500 personas o si tiene el mismo peligro que medio centenar de personas acudan a una celebración litúrgica en la Catedral o en una pequeña ermita.

En su argumentación, también hizo referencia a unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en las que apuntan que las medidas se toman con el fin de evitar el colapso de la sanidad, y se preguntó en qué hospitales serán atendidos los casos que se registren entre los cientos de vallisoletanos que estos días pasarán por el centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda, que está fuera de las restricciones y que abrirá los días 6 y 8.

Además de anunciara que el Ayuntamiento presentará una demanda, indicó que hay otras zonas de la Comunidad que presentan ratios de contagio similares a los de Valladolid donde no se han adoptado medidas.

Intereses

Por su parte, el letrado de la Junta indicó que frente a los intereses patrimoniales del Ayuntamiento deben primar el interés general y la salud pública, y apuntó que las medidas adoptadas por la Junta ya han demostrado en otros casos su eficacia.

Además, indicó que la restricción de las reuniones y del número de participantes es la tónica general que están empleando todas las administraciones para controlar la epidemia, y que no es necesaria la declaración del estado de alarma para la adopción de medidas restrictivas.

En su exposición también destacó que los derechos fundamentales están salvaguardados y que se trata de una medida preventiva para evitar la que la administración no se vea abocada a decretar el confinamiento y recordó que los tribunales ya dieron luz verde a medidas más duras como los confinamientos de Aranda de Duero, Pedrajas de San Esteban, Íscar o Cantalejo.