La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha adjudicado  a la empresa Construcciones Serafín Álvarez las obras de rehabilitación de una vivienda unifamiliar para alquiler social en la localidad en Baltanás dentro del programa Rehabitare, por importe de 46.887 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El inmueble, situado en la calle San Pedro de la capital histórica del Cerrato, se encuentra acutualmenet desocupado y con la totalidad de las instalaciones y acabados obsoletos, al tratarse de una vivienda de más de 65 años de antigüedad. Este carece de aislamiento térmico, presentando humedades en distintos paramentos verticales, condensaciones y humedades, y de instalación de calefacción. 

Además, los acabados de solados y alicatados presentan un deficiente estado dado que son originarios de la fecha de construcción del inmueble, en el año 1950, al igual que las carpinterías interiores, que son antiguas, no ajustan y en algunos casos carecen de mecanismos de cierre y seguridad.

 Las obras a ejecutar comprenden la demolición de los alicatados de las estancias destinadas a cocina y baño, así como la sustitución integral de la instalación eléctrica, de fontanería y de los colectores sanitarios y la renovación de los mismos. 

También se acometerán los trabajos de la impermeabilización bajo solera con la colocación de una lámina plástica e igualmente se procederá al aislamiento perimetral con placas de poliestireno.

Asimismo, se colocarán todos los muebles de la cocina con fregadero placa vitrocerámica, horno y campana extractora, se dotará a la vivienda de buzón en el portal de acceso y se instalará un portero digital.

La Consejería de Fomento también ha adjudicado la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de rehabilitación de la vivienda de Baltanás por 1.808,95 euros a la empresa Martínez y Antón Arquitectura Técnica.

La actuación que se quiere realizar se enmarca dentro del programa Rehabitare, que tiene como objetivo recuperar viviendas de titularidad municipal, cuya rehabilitación resulta interesante para el desarrollo del medio rural. Estos inmuebles se destinan a alquiler social y se integran en el parque público de viviendas de Castilla y León. En el conjunto de la provincia, y según el recuento oficial, hay 27 viviendas: 25 propiedad de municipios y las otras dos cedidas por el Obispado.