Seis de los siete concejales que forman parte del equipo de Gobierno de Aguilar ofrecieron ayer una rueda de prensa para expresar su valoración acerca de la querella que Alberto García, concejal de IU-Equo en la localidad, ha interpuesto contra cada uno de ellos por posible prevaricación.

«Su estrategia tiene una intencionalidad clara y muy concreta, que no es otra que ensombrecer y vilipendiar la labor del Ayuntamiento», indicó la alcaldesa, que también acusó al representante de la agrupación de izquierdas de no haber hecho nada más a lo largo de este mandato que «intentar paralizar» cualquier proyecto en Aguilar y «sestear» a costa de los vecinos.

Durante el acto, María José Ortega también aseguró que todos los miembros del equipo de Gobierno irán «con la conciencia muy tranquila» a declarar al Juzgado los próximos días 26 de marzo y 9 de abril. «A día de hoy, nos avalan todas las sentencias jurídicas», manifestó al respecto. 

Asimismo, la primera edil norteña indicó que «hay muchas herramientas para hacer oposición, pero ir al Juzgado a querellarse contra siete compañeros a nivel personal es el último extremo». Por esta «utilización judicial» para hacer política y por la «manifiesta incompetencia y compromiso con Aguilar demostrada por el concejal de IU», Ortega anunció que el PP romperá «cualquier tipo de relación institucional» con García, al margen de las estrictamente necesarias. 

Con respecto al caso por el cual el concejal de Izquierda Unida ha decidido querellarse contra los miembros del equipo de Gobierno, el portavoz del Partido Popular, Carlos Sierra, informó a los medios de que se ha actuado «bajo lo establecido en los informes técnicos municipales», resolviendo parcialmente el contrato y «teniendo en cuenta las reglas de juego» que establecieron el PSOEy AIAcuando en 2005 se procedió a la venta de la parcela.

En este sentido, se ha actualizado el valor de venta que se fijó en su día y el Ayuntamiento ha recuperado el 60% del montante que no percibió hace catorce años, cuando el terreno fue vendido a la Orden de San Juan de Dios en condiciones muy ventajosas dada la finalidad social de su actividad. «Esto quiere decir que, al no haberse cumplido las condiciones del pliego, que entre otras cosas recogían la obligación de que se mantuviera la labor de atención psicogeriátrica durante cincuenta años, la congregación ha tenido que pagar al Ayuntamiento un total de 115.000 euros», señaló Sierra.

Y es que, tal y como indicaron desde el equipo de Gobierno del PP, que puso a disposición de los medios toda la documentación del expediente, la parcela se vendió en el año 2015 por 51.815 euros, cuando el valor de tasación era de 129.534. Ahora, además de la diferencia, San Juan de Dios ha tenido que hacer frente al pago conforme al precio actual e incluyendo el IVA.

REVERSIÓN. Con respecto a la posibilidad de reversión, que es lo que plantean desde IU, la alcaldesa recordó que «en caso de recuperarse la parcela, no sería a coste cero, dado que el terreno cuenta ahora con el inmueble construido por la Orden». Además, aseguró que, en caso de que se pusiera a la venta, el Consistorio tendría un «derecho de adquisición preferente».

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Jesús Sevilla, indicó que «el propio pliego impide la especulación, dado que prohibe ampliar el precio de la parcela diez años después de su venta». En este sentido, explicó que la última transacción que se ha hecho ha sido el pago de esos 115.000 euros, de tal forma que la Orden no podría incrementar el precio del terreno hasta 2029.