El plan piloto de tramitación y gestión de procedimientos de declaración de ruina ya es historia. El pleno de la Diputación dio por finalizado ayer por unanimidad el proyecto dos años después de su puesta en marcha -la fecha prevista- en un pleno de puro trámite en el que los grupos políticos bien parecía que estaban reservando fuerzas para la sesión extraordinaria del próximo día 2, en la que se debatirá el Presupuesto de la institución provincial para el próximo ejercicio.
En estos dos años en funcionamiento desde su aprobación en 2019 (pleno del 28 de marzo), el plan piloto ha resuelto un total de 21 expedientes en los seis municipios con menos de un millar de habitantes empadronados que se interesaron por el mismo: Becerril de Campos, Congosto de Valdavia, Frechilla, Reinoso de Cerrato, Villalcázar de Sirga y Villarramiel.
Esta asistencia ha sido «constante» y «demandada» por los ayuntamientos durante los últimos años ante el cada vez mayor número de edificios en ruina debido al progresivo abandono de los mismos -proceso paralelo al envejecimiento y disminución de la población- así como al carácter expansionista del urbanismo durante los últimos años, que también ha tenido su reflejo en los núcleos rurales al desplazarse la población más joven a las áreas de borde en detrimento y abandono de los cascos consolidados.
«Es una cosa que va a venir muy bien a todos los ayuntamientos», señaló en su día (según consta en acta) el diputado del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) Adolfo Palacios, encargado también de anunciar ayer el cese de la actividad.
Una vez expirado, el portavoz del Partido Socialista, Miguel Ángel Blanco, advirtió ayer de que «hay un problema urbanístico, técnico, administrativo, ejecutivo y presupuestario» en toda la provincia. Un problema ante el que la Diputación, según denunció la bancada socialista, «prefiere mirar para otro lado» y no redactar un «verdadero plan de apoyo» para todos los ayuntamientos del medio rural. «Lo que viene a demostrar este plan de ruinas piloto es que hay una necesidad imperiosa en el medio rural de abordar este asunto», precisó Blanco.
BANCOS E INFANCIA
Fue una pregunta de la diputada de Ciudadanos Milagros Bodero sobre la implantación de servicios bancarios ante la falta de oficinas, la que sacó a la luz que la Diputación trabaja ya en un plan que tiene partida propia en el Presupuesto de 2022. Habrá que esperar, eso sí, al modelo por el que se apostará (en Salamanca, por ejemplo, los bibliobuses cuentan con cajeros).
En paralelo, la Diputación aprobó una declaración institucional a propósito de la celebración del Día Mundial de la Infancia, una jornada para «recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en las ciudades y pueblos para que sus derechos sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años».
«Solidaridad» y «apoyo» con los empleados de Siro
La Diputación aprobó una declaración institucional para mostrar su «solidaridad» y «apoyo» con los trabajadores de Siro, con una fábrica en Venta de Baños y otra en Aguilar de Campoo. La declaración traslada la solidaridad de la institución provincial a los trabajadores, además de mostrar su apoyo a las actuaciones, reivindicaciones y movilizaciones planteadas desde las distintas organizaciones sindicales.
Todo ello con el objetivo prioritario de que se «mantengan intactos todos los derechos laborales y salariales» de las personas que allí desempeñan su trabajo, con el fin de hacer llegar este acuerdo a los trabajadores, a través del comité de empresa.