Un matrimonio formado por A.I.M. y M.C.P. asumió ayer cada uno una pena global de ocho años y medio de prisión y multa de  810 euros, como autores de los delitos de detención ilegal (5 años) y estafa continuada (tres años y medio de cárcel)  cometidos contra varias ancianas a las que retenían en su domicilio de Palencia para estafarlas. Asimismo, su hijo identificado como A.I.M.P. asumió un año y medio de cárcel por el delito de estafa continuada, mientras que el matrimonio deberá responder de manera solidaria en el apartado de responsabilidad civil a una indemnización para los herederos de las víctimas cuantificada globalmente en 662.248 euros.

El juicio, que iba a celebrarse el pasado 16 de marzo, fue aplazado a causa de la declaración del estado de alarma por el Covid-19 y se vio ayer finamente en la Audiencia Provincial, donde los tres acusados reconocieron los hechos y llegaron a un pacto de conformidad con las partes personadas en el proceso como Fiscalía y acusaciones particulares, incluida la Seguridad Social. 

Los acusados fueron detenidos por la Policía Nacional en febrero de 2018 después de encontrar en su domicilio en Palencia a una anciana atada en una cama y toda la documentación que les relacionaba con hechos similares con otras víctimas y que indicaban que los acusados simulaban ser cuidadores para llevar a las ancianas a su domicilio y estafarlas.

Tres ancianas. Según el fiscal, los acusados contactaban con personas de edad avanzada que carecían de familiares próximos para conseguir apropiarse de su patrimonio, abusando de su situación de desprotección y, en algún caso, de que padecían un severo deterioro cognitivo. Los procesados se hacían pasar por familiares de las ancianas y «simulando un cuidado que realmente no les deparaban en cuanto sólo pretendían perjudicarles económicamente con un verdadero despojo de todos sus bienes», recoge el escrito de acusación. De este modo conseguían disponer de sus cuentas corrientes, ya que en algunas ocasiones la acusada aparece como autorizada y efectuaba cargos de sus gastos personales y transferencias a sus propios acreedores. El escrito de calificación del Ministerio Fiscal recoge el caso de tres ancianas que fueron víctimas de los acusados. La primera de ellas falleció en una residencia de Madrid en 2013, padecía una disfunción cognitiva y había otorgado testamento abierto a favor de la acusada en 2007.

expolio. La segunda anciana falleció en 2016 en Palencia y contaba con un importante patrimonio «expoliado completamente por los acusados», según el fiscal. De hecho la acusada figuraba como autorizada en su cuenta bancaria, con la que realizó continuos reintegros, pagos en efectivo, transferencias y domiciliaciones bancarias por valor de 535.448 euros. Asimismo, como heredera universal de la anciana, vendió la casa que esta tenía en Madrid por una cantidad que se quedaron los acusados que, además siguieron cobrando la pensión de jubilación de la mujer tras su fallecimiento.

Por último, el fiscal recogía en su escrito el caso de la anciana que fue hallada atada en una cama en el domicilio de los acusados en Palencia y que presentaba un importante deterioro mental. 

Los acusados la habían trasladado a su casa de Palencia y la mantuvieron atada a la cama por las manos y la cintura desde finales de diciembre de 2017 hasta el 21 de febrero de 2018, cuando fue hallada por la Policía Nacional.