Primeras demandas por inflar los precios de los camiones

ALBERTO ABASCAL
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Primeras demandas por inflar los precios de los camiones - Foto: CESAR MANSO

El cártel de seis empresas internacionales afectaría en Palencia a unas 200 personas o sociedades y unos 350 vehículos pesados

El juzgado de primera instancia número 1, que actúa como juzgado de lo mercantil, acaba de registrar las primeras demandas en Palencia contra el denominado cártel de camiones (MAN; DAF; Iveco, Volvo-Renault y Daimler), marcas que fueron condenadas por el Tribunal de Justicia Europeo al pago de multas dinerarias porque entre los años 1997 y 2011 pactaron entre todas un sobrecoste en los precios totales de los vehículos pesados y cabezas tractoras de más de seis toneladas.
Tras dicha sentencia, en el año 2017 se aprobó una directiva europea que permitía reclamar en España a las grandes multinacionales. Bajo este prisma, se calcula que en Palencia pudiera haber afectadas unas 200 personas o sociedades, las cuales podrían poseer en torno a unos 300-350 camiones. De hecho, recientemente, la Audiencia Provincial de Lugo ha dictaminado mediante un auto la confirmación de la competencia de los juzgados Españoles para poder interponer las reclamaciones, en detrimento de la competencia judicial internacional.

El abogado palentino perteneciente a la Red Nacional de Abogados, Carlos Anero Gil, ha presentado recientemente demandas por varios camiones en los tribunales de la capital pudiendo llegar a reclamar entre un 10 y un 20% del coste de cada vehículo pesado a la fecha de compra. Diario Palentino también ha averiguado que otro bufete de Valladolid ha registrado otra demanda de un afectado de la provincia.
La posibilidad de reclamar al cártel de camiones se extiende a cualquier persona o sociedad que entre los años 1997 y 2011 hubiese comprado un vehículo de estas características de mas de 6 toneladas, pudiendo recibir en un futuro ese sobrecoste que pagó de más en el momento de su compra mediante la reclamación en los tribunales de justicia de Palencia.
Pero estas no son las únicas demandas, porque la Asociación de Empresarios de Transportes de Palencia (Aempatra), que aglutina a unos 300 socios y que está presidida por Óscar Baños, y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), llegaron en su momento a un acuerdo de colaboración con el despacho CCS Abogados para interponer las demandas contra el llamado cártel de fabricantes de camiones. 
El presidente de Aempatra señaló ayer en declaraciones a Diario Palentino que a finales de mes y comienzos de febrero comenzarán a interponerse la correspondientes demandas de unos 140 socios afectados por este proceder empresarial.
Hay que recordar que la Comisión Europea convulsionó el sector del transporte por carretera en verano de 2016 al anunciar una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones anteriormente citados, a los que acusaba de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes.  La patronal del transporte calcula que las actuaciones de los fabricantes provocaron en los camioneros españoles un sobrecoste superior a los 2.500 millones de euros. Las expectativas de los transportistas afectados por el pacto de precios de los principales fabricantes de camiones tuvo un primer respaldo en los tribunales alemanes, a través de la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Hannover (Alemania), que estima concretamente la demanda de la ciudad de Gottingenal. 

La sentencia contradecía la tesis de defensa recurrente de todos los fabricantes demandados, que venían sosteniendo que dicho pacto no supuso de hecho una subida de los precios de venta entre 1997 y 2011 de camiones de peso medio (entre 6 y 16 toneladas) y camiones pesados (más de 16 toneladas), que es la práctica sancionada por los órganos comunitarios europeos.  
Por de pronto, el juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia falló a mediados de diciembre a favor de un transportista que adquirió cinco camiones en 2012 y que, según considera probado la juez del caso pagó un sobreprecio del 27,5% por «las prácticas contrarias a la libre competencia» pactadas por las compañías  sancionadas por la UE, la primera resolución condenatoria publicada en suelo español, aunque ha habido alguna desestimación, según informaron fuentes consultadas por este periódico.
La sentencia condena concretamente a Volvo a indemnizar al comprador con 128.756,78 euros, los que estima que fueron pagados indebidamente.
Ahora habrá que esperar a que el juzgado de lo mercantil dicte su primera sentencia la respecto