Primera sentencia en España contra el cártel de camiones

ALBERTO ABASCAL
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El proceso seguido contra seis empresas afectaría en Palencia a unas 200 personas o sociedades y unos 350 vehículos pesados · Cuantifica la media del daño en el 16,35% del coste

Primera sentencia en España contra el cártel de camiones

El juzgado de lo mercantil número 3 de Valencia ha dictado, con fecha de 30 de diciembre de 2019, la primera sentencia española contra el cártel de fabricantes de camiones formado por MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler (Mercedes Benz), DAF y Scania, por pactar los precios de venta de sus vehículos y repercutir sobre el comprador los costes derivados del cumplimiento de las normas en materia de emisiones contaminantes, según informaron fuentes del proceso.
El juzgado de lo mercantil número  3 de Valencia confirma en su sentencia íntegramente la demanda y valida la prueba pericial aportada, en nombre de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), por el bufete que gestiona la reclamación de 35.000 camiones y 4.000 demandas en el marco del proceso contra el cártel europeo de fabricantes de camiones.
Según indicó la CETM, el modelo de prueba pericial presentada cuantifica la media del daño causado por el cártel a lo largo de los 14 años de duración en el 16,35% del coste (sin impuestos) de cada camión. Además, el juzgado valenciano reconoce a favor del transportista demandante, los intereses legales desde la fecha de compra del camión hasta la fecha de la presentación de la demanda, e intereses procesales adicionales desde esta última hasta la fecha en que se ejecute la sentencia.

Esta sentencia tiene especial interés también en Palencia. Como ya publicó Diario Palentino ahora justo hace un año, el juzgado de primera instancia número 1, que actúa como juzgado de lo mercantil, registró  las primeras demandas en Palencia contra el denominado cártel de camiones, marcas que fueron condenadas por el Tribunal de Justicia Europeo al pago de multas dinerarias porque entre los años 1997 y 2011 pactaron entre todas un sobrecoste en los precios totales de los vehículos pesados y cabezas tractoras de más de seis toneladas.
Tras dicha sentencia, en el año 2017 se aprobó una directiva europea que permitía reclamar en España a las grandes multinacionales. Bajo este prisma, se calcula que en Palencia pudiera haber afectadas unas 200 personas o sociedades, las cuales podrían poseer en torno a unos 300-350 camiones. De hecho, el germen de las actuaciones judiciales en España se puso en la Audiencia Provincial de Lugo dictaminó mediante un auto la confirmación de la competencia de los juzgados Españoles para poder interponer las reclamaciones, en detrimento de la competencia judicial internacional. El abogado palentino perteneciente a la Red Nacional de Abogados, Carlos Anero Gil, presentó las demandas por varios camiones en los tribunales de la capital pudiendo llegar a reclamar entre un 10 y un 20% del coste de cada vehículo pesado a la fecha de compra. Diario Palentino también averiguóque otro bufete de Valladolid había registrado otra demanda de un afectado de la provincia.

La posibilidad de reclamar al cártel de camiones se extendía a cualquier persona o sociedad que entre los años 1997 y 2011 hubiese comprado un vehículo de estas características de mas de seis toneladas, pudiendo recibir en un futuro ese sobrecoste que pagó de más en el momento de su compra mediante la reclamación en los tribunales de justicia de Palencia. Pero estas no son las únicas demandas, porque la Asociación de Empresarios de Transportes de Palencia (Aempatra), que aglutina a unos 300 socios y que está presidida por Óscar Baños, y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), llegaron en su momento a un acuerdo de colaboración con el despacho CCS Abogados para interponer las demandas contra el llamado cártel de fabricantes de camiones. 
 Hay que recordar que la Comisión Europea convulsionó el sector del transporte por carretera en verano de 2016 al anunciar una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones anteriormente citados, a los que acusaba de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes. A partir de aquí, las reacciones no se hicieron esperar.