Castilla y León cuenta con 7.482 personas con un patrimonio neto por encima de los 700.000 euros, que suman un total de 17.305 millones de euros, lo que supone que cada uno de esos contribuyentes disponía una media de 2,3 millones, al cierre del ejercicio de 2017. Son 35 ricos más que un año antes pero su riqueza cayó un 7,3 por ciento. Pese a que los bienes inmuebles tienen un notable peso sobre el patrimonio total de los declarantes, al significar un 21 por ciento, el capital mobiliario es el que acapara la mayor parte de las fortunas de las personas más acaudaladas de la Comunidad, con el 73 por ciento. En concreto, las acciones y participaciones en entidades no cotizadas en la Bolsa así como los fondos de inversión acumulan casi la mitad de todo el patrimonio de estos ricos.

Los datos sobre las declaraciones del Impuesto de Patrimonio entre las personas físicas, que cada año publica la Agencia Tributaria relativos a 2017 y consultados por la Agencia Ical, señalan que los castellanos leoneses con más dinero cuentan con 3.688 millones de euros en bienes inmuebles, de los que la mayor parte es de naturaleza urbana. Además, acumulan 12.600 millones de euros en capital mobiliario, un 9,5 por ciento menos que en 2016. De ese dinero, destacan los 5.600 millones repartidos en acciones y participaciones en entidades jurídicas y en capital social de organizaciones no cotizadas en los mercados. Además, hay otros 2.900 millones de euros en fondos, sociedades y clubes de inversión.

En solo un año, el dinero medio invertido por estas grandes fortunas en Bolsa aumentó un 13 por ciento, al pasar de los 265.000 a los 300.000 euros entre 2016 y 2017, con un total de 1.415 millones de euros. Por el contrario, la deuda pública descendió un 15,4 ciento, hasta los 164.244 euros. Pese a ello, los castellanos y leoneses más pudientes tienen depositados 197,5 millones de euros en emisiones de títulos de valores o bonos de los estados. También se vieron resentidos los ahorros en las cuentas bancarias, tras una caída del 6,2 por ciento, hasta los 1.900 millones de euros, que significan el 11 por ciento del total del patrimonio.

Además, las grandes fortunas acumular 253,4 millones de euros en seguros de vida y otros 45,6 millones en rentas temporales y vitalicias. Aunque los bienes suntuarios (vehículos de lujo, yates, joyas, obras de arte y antigüedades) solo suponen el 0,1 por ciento del total del patrimonio de los ricos de la Comunidad, suman 20,4 millones de euros. Una cantidad que es un 3,1 por ciento en comparación con el año anterior.

El Impuesto sobre el Patrimonio nació en 1978 con un carácter extraordinario y con fecha de caducidad pero, con el tiempo, se ha ido consolidando. En parte, porque se trata de un tributo transferido a las comunidades autónomas y que en los años de recesión ha servido para maquillar las maltrechas arcas de las administraciones regionales, obligadas a cumplir los objetivos de déficit.

La recaudación de la Junta por este tributo se elevó a 32 millones euros en 2017 frente a los 34,5 millones de 2013 o los 36,8 millones de 2011. El importe medio ingresado por cada una de estas declaraciones se situó en los 4.542 euros.

Impuesto autonómico

Al ser un impuesto de carácter autonómico, cada territorio decide como le aplica. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la única de toda España que mantiene la bonificación del cien por cien. No es de extrañar que haya numerosas denuncias por una ‘fuga’ de contribuyentes. Madrid cuenta con un 8,9 por ciento del total de las grandes fortunas del país, aunque suponen el 26,2 por ciento del importe nacional. Por su parte, Castilla y León aporta el 3,7 por ciento de los ricos de España y solo el 2,5 por ciento del dinero que mueven los más acaudalados.

La primera y única supresión del Impuesto de Patrimonio, con una exención del cien por cien, llegó de la mano del Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando en 2008 retiró el cobro del tributo al considerar que recaía, sobre todo, en las rentas medias y no tanto entre los verdaderamente ricos que contaban con recursos suficientes para escapar del pago. La crisis y la necesidad imperiosa de aumentar los ingresos públicos obligaron a recuperar el gravamen tres años después, aunque el mínimo exento se elevó a 700.000 euros. 

De esta manera, se explica que en 2007 hubiera 51.069 contribuyentes en la Comunidad que tenían que rendir cuentas con Hacienda a través del impuesto de patrimonio, con una riqueza total de 31.000 millones de euros. Frente a esa cantidad, están los 17.305 millones contabilizados en 2017. Al inicio de la recesión, la base liquidable (el valor del patrimonio después de restar las deducciones y exenciones como las obras de arte con carácter histórico y los planes de pensiones) requerida era de 167.000 euros. De ahí que la media de las rentas bajara hasta los 607.000 euros frente a los 2,5 millones del último dato disponible por la Agencia Tributaria.

Con cifras del ejercicio de 2017, España tiene 202.737 contribuyentes que declaran el impuesto de patrimonio, que suman 669.062 millones de euros. Son 4.669 más que en 2016 y 36.790 millones más. La estadística de Hacienda ofrece otro dato curioso, aunque no está disponible por comunidades, como que en ese año había 611 españoles que contaban con un patrimonio neto de más de 30 millones de euros, casi el doble de los existentes en 2011 (352). Es decir, los multimillonarios son cada vez pese a los años de la crisis económica.