El Consejo de Cuentas ha iniciado la fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la comunidad autónoma durante los ejercicios 2018 y 2019. El pleno de la institución, que reanuda las sesiones presenciales en el contexto del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus,  aprobó ayer las directrices técnicas para la realización de este informe incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020.

La fiscalización comprende el análisis de la utilización de aspectos sociales y medioambientales en los contratos adjudicados en los dos primeros ejercicios de aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 9 de marzo de 2018. 

El propósito es la realización de una auditoría de cumplimiento de la legalidad para verificar la ejecución de las obligaciones de información por los diferentes órganos de contratación y por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación; comprobar en qué medida se ha cumplido la reglamentación mediante la inclusión expresa, dentro de la documentación preparatoria de la contratación, los objetivos o consideraciones sociales y medioambientales a satisfacer, y que guardan relación con el objeto del contrato. 

Otro de los objetivos de este trabajo es verificar el cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en los expedientes de contratación en las actuaciones preparatorias de la contratación, en su adjudicación y ejecución.