La firma palentina de abogados Grupo Dicendi Servicios Jurídicos, SLP, integrada por los abogados Alberto Rodríguez Garduño y Carlos Redondo Lacorte; acaba de presentar una querella ante el juzgado de instrucción decano de Madrid, contra la residencia de ancianos Residencia y Centro de Día Mirasierra con motivo del fallecimiento de una cliente que era residente de la misma, y que, como todo indica, falleció a causa del Covid-19, tal y como refleja el propio certificado de defunción firmado por el facultativo, «en la propia residencia, sin recibir supuestamente la asistencia y cuidados debidos», según indican los letrados a Diario Palentino.

La querella se ha presentado inicialmente contra la directora del centro y contra la empresa que le gestiona. Concretamente, les imputan los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio y omisión del deber del socorro. Además, el despacho de abogados palentino no descarta que en función de la instrucción de la causa a través de la investigación y la práctica de diligencias amplíe esta querella a la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad de la citada comunidad autónoma, Enrique Ruiz Escudero.

Los hechos. Entre los hechos que en la querella aparecen como punibles destacan que supuestamente no se habían proporcionado las medidas exigidas relativas a todo el personal sanitario y no sanitario que prestaba el servicio en el citado centro residencial. Entienden los querellantes que el centro asistencial «no ha sido medicalizado», sin dotarles, por ejemplo, de respiradores mecánicos, entre otros elementos.

Asimismo, consideran que el centro, al parecer, tampoco redujo al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con residentes afectados por casos posibles o positivos de Covid-19, así como el tiempo de exposición. Reiteran que supuestamente permitieron que algunos familiares -no todos- pudieran acceder desde el exterior a la residencia para trasladar a sus  allegados a sus respectivos domicilios. Abundan los querellantes en su escrito registrado en el juzgado que supuestamente no se llegó a realizar pruebas de detección de Covid-19 a los residentes, entre los que se encuentra la fallecida y por la que ejercen estas acciones legales. Además, subrayan que tampoco se estableció protocolo alguno de actuación en el centro residencial para la clasificación y posterior tratamiento de los residentes y, bajo este prisma, «no se determinaron de forma fehaciente cuáles eran las áreas comunes y cuáles de aislamiento».

De manera más concreta respecto a la residente fallecida, la querella establece que la mujer, enferma de alzhéimer, «no fue atendida especialmente, puesto que sufría un severo trastorno neurocognitivo, para evitar su deambulación y contagio».

El escrito registrado en el juzgado decano de Madrid pormenoriza que los querellados «no se habían puesto en contacto con el centro de Atención Primaria asignado, actuando de forma coordinada con el médico de la residencia, tras valorar que la paciente tenía evidentes síntomas de Covid-19. Debía haber permanecido en aislamiento en la residencia, garantizando que se realizaba un seguimiento de su caso, llegando a inmovilizarla, si hubiera sido necesario, a través de sujeciones mecánicas o químicas, a tratarse de una persona con demencia. Tampoco se activó el procedimiento establecido para derivar a la paciente a un centro sanitario u hospitalario».

Los abogados Alberto Rodríguez Garduño y Carlos Redondo Lacorte, por otro lado, han manifestado a Diario Palentino que actualmente recogen testimonios de otros casos para proceder de manera similar, llegado el caso, en las distintas provincias de Castilla y León, entre ellas Palencia.