El presidente de la Cámara de Comercio, Conrado Merino, recalca que la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones fue uno de los compromisos de gobierno que Partido Popular y Ciudadanos alcanzaron cuando pactaron para liderar Castilla y León. «La pandemia provocó que el proyecto quedase postergado y ahora nos encontramos con la desacertada noticia de su no supresión», lamentó.
Una «mala noticia» para la entidad cameral, que considera que este gravamen «es injusto porque grava el patrimonio familiar obtenido y conservado con esfuerzo a lo largo de toda una vida de trabajo, y por el que se ha pagado a Hacienda los impuestos correspondientes, como el de la Renta de las Personas Físicas, el de Transmisiones Patrimoniales, el del Valor Añadido, el de Bienes Inmuebles y el Patrimonio».
«Por todo ello, supone una imposición sobre un patrimonio que ya ha soportado los tributos correspondientes», asegura Conrado, quien opina que, además, «transgrede el principio de igualdad de todos los españoles recogido en la Constitución», y su mantenimiento tendrá una consecuencia directa:«Un éxodo de capitales y, con ello, la desaparición de posibilidades de creación de industria y riqueza en Castilla y León».
Para la Cámara de Comercio, el Impuesto de Sucesiones tiene «carácter confiscatorio», y recuerda que hay familias que deben renunciar a su herencia porque con el capital heredado no pueden hacer frente al pago del gravamen. «En una situación como la que estamos viviendo, resulta una injusticia mayor el que los herederos de esos 44.000 muertos por la Covid tengan ahora que enfrentarse a un nuevo varapalo al tener que asumir el pago del Impuesto, un claro agravio comparativo con otras comunidades donde se paga una cantidad simbólica».
Para Conrado Merino, a los políticos «les pierde el deseo desproporcionado de volver a salir reelegidos» pero deben «cumplir con las promesas que nos han hecho a los ciudadanos». «En definitiva, me parece una injusticia y una desigualdad clamorosa que no tiene ni pies ni cabeza», sentencia.