El Tribunal Supremo ha ratificado la pena impuesta por la Audiencia Provincial a tres hombres que suman siete años de prisión y multas que oscilan entre los 2.000 y los 18.000 euros como autores responsables de un delito contra la salud pública derivado del tráfico de drogas, al no admitir sus correspondientes recursos de casación.
El alto tribunal de la provincia declaró como hechos probados en el presente procedimiento, que uno de los acusados, JO., condenado individualmente a tres años y medio de prisión y 18.000 euros de multa, se venía dedicando a la distribución y venta a terceros de sustancias estupefacientes, tanto de los que causan grave daño a la salud (cocaína), como de las que no lo causan (hachís y marihuana) en la localidad de Guardo.
En dicha actividad, y en lo que se refiere a sustancias que no causan grave daño a la salud y de forma voluntaria, prestaron su colaboración los otros dos procesados JA (condenado a dos años de prisión y 2.000 euros de multa) y JE (condenado a a 18 meses de prisión y 2.000 euros de multa) .
Durante el año 2017, JO mantuvo una estrecha relación con un tercero quien, el 5 de julio de ese mismo año, fue interceptado y detenido por agentes de la Guardia Civil a la entrada de la localidad de Cervera y al que, en el registro del vehículo que conducía, se le halló, escondido en la puerta del conductor, un envoltorio de plástico que contenía en su interior cocaína, con un peso de 198,48 gramos, riqueza del 64,28% y con un valor en el mercado de 17.531,41 euros. El paquete que contenía la cocaína presentaba un envoltorio externo de plástico negro, otro de aluminio y una última capa subyacente de plástico de color blanco con una inscripción. En esos envoltorio se identificaron diversas huellas dactilares por agentes especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guarda Civil , resultando que unas correspondían al interceptado y otras al procesado JO. A partir de aquí, se abrió una investigación policial y del conjunto de las conversaciones analizadas se desprendió que JE actuaba como distribuidor y que tenía como proveedor, además de a Javier, también a Jorge. Durante los registros efectuados la Guardia Civil halló distintas sustancias estupefacientes relacionadas con el cannabis y útiles para su procesamiento y distribución.