La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicará este martes, cuando se reanude la vista oral contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, y cinco allegados suyos, si acepta alguna de las peticiones que han elevado las defensas durante la primera sesión celebrada este lunes, que se ha visto aplazada unos minutos por problemas técnicos de sonido, y en la que se han centrado en alegar falta de competencia de esta instancia para enjuiciar los hechos y un interés "futbolístico" como inicio de la investigación. 

El tribunal presidido por Concepción Espejel, ha levantado la sesión tras algo más de tres horas en las que las defensas de Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, han solicitado el sobreseimiento libre tras cuestionar el origen mismo de la instrucción. En concreto, ponen el foco en el inicio de la investigación, una comisión rogatoria remitida a España por la justicia estadounidense en relación a un movimiento bancario de Rosell entre aquel país y Andorra.

El abogado del expresidente del Barça, Pau Molins, quiere que se admita como prueba en el juicio oral un certificado de Goldman Sach según el cual, su patrocinado nunca tuvo cuenta allí, lo que a su entender, dejaría sin sentido el origen mismo de las actuaciones. 

A esta tesis se han sumado el resto de los procesados, cuyas defensas plantean que quizá a Rosell "sólo" se le investigó "porque presidía el Barça", ya que "la Fiscalía no tenía competencia para llevar a cabo aquellas diligencias". 

Para el fiscal José Javier Polo, estas consideraciones no tienen cabida dado que por definición, la Fiscalía debe investigar en cuanto tiene noticia de un hecho criminal y aquella comisión rogatoria estadounidense así lo constituía. "Para nada esto tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona o cuestiones ajenas que pueden ser tangenciales y que en absoluto tienen nada que ver", ha apostillado.  

Otra de las alegaciones más repetidas en la sala tiene que ver con la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos presuntos delitos dado que se habrían cometido en el extranjero (Brasil y Andorra) en un momento (2006) en el que allí, no tenían reproche penal. Por último, los letrados de los procesados y en particular, los abogados de Rosell y Besolí, han alegado indefensión y vulneración a su derecho de defensa porque llevan en prisión provisional desde mayo de 2017, algo que para el Ministerio Público, si bien "afecta a todos los aspectos de la persona" no conculca su derecho a defenderse en un proceso penal. El tribunal comunicará su decisión al respecto este martes.