Durante el pleno de ayer se escenificó la continuación del debate del martes sobre el conflicto judicial de la calle Jardines, pero, a diferencia de lo que ocurrió entones, sí se llegó a un acuerdo importante por parte de toda la corporación -excepto de Vox, que se abstuvo- para solicitar a la Diputación que elabore un programa financiado con los intereses generados, unos 9 millones de euros, al que el Ayuntamiento pueda acceder con un amplio plazo de justificación para las inversiones que haya decidido incluir en el mismo.

La redacción final de la petición que el PSOE planteó el lunes responde a una propuesta del equipo de Gobierno, en concreto del Partido Popular. El nuevo texto del acuerdo incluye también que la petición de que la Diputación haga pública la solución al punto anterior antes del 24 de diciembre, fecha en la que deberá estar cerrado el acuerdo, ya que la ley establece que el plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia es de tres meses desde su notificación.

Lo que se mantiene igual es el compromiso de que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios de manera inmediata para gestionar una promoción de vivienda pública en los solares que tras el pago de la sentencia, pasen a ser de titularidad municipal.

Peticiones, en todo caso, que deberán ser analizadas por la Diputación, que en definitiva es quien tiene la sartén por el mango en este asunto. « Es una propuesta más y la apoyamos, pero la cuestión jurídica de cómo se va a hacer conlleva un trabajo y necesitamos tiempo», avisó Ángeles Armisén, su presidenta.

Finalmente, la moción de Vox en la que se proponía solicitar a la institución provincial una quita de los intereses no se llegó a debatir.