Para Joseph Goebbels, el hombre fuerte de Adolf Hitler que estaba al frente de la propaganda del Partido Nazi, y luego del Tercer Reich, «una mentira repetida 1.000 veces se convierte en una verdad». Al menos, a él se le atribuye una sentencia que sigue marcando en parte la manera de hacer propaganda política, independientemente de la ideología de cada cual. Tras anunciarse la decisión del Rey Emérito de marcharse de España, muchos líderes republicanos utilizaron sus redes sociales para acusar a Don Juan Carlos de «huir» de la Justicia sin responder por los casos en los que «está involucrado». Ninguna de las dos partes de la frase es verdad, por mucho que la repitan 1.000 veces, como decía Goebbels.
Justo después de hacerse pública la carta del anterior Jefe del Estado a su hijo, en la que le comunicaba la decisión de salir del país, su abogado, Javier Sánchez-Junco, remarcó que el padre de Felipe VI «permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite que considere oportuno». Así que de huida de la Justicia, nada. En cuanto a la implicación del Emérito en causas penales, no pesa sobre él ninguna imputación ni ninguna citación para declarar como investigado. Al menos, de momento.
Es cierto que tanto la Fiscalía suiza como la del Tribunal Supremo están llevando a cabo pesquisas sobre un presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales que afectarían al Monarca. Pero aún están estudiando la documentación, interrogando a testigos y comprobando los indicios. Es decir, la causa, en la parte española, al menos, se encuentra en una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el Rey Emérito está aforado desde su abdicación.
Estas pesquisas parten de las autoridades fiscales suiza, que tratan de averiguar el origen de una supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros a la fundación Lucum, detrás de la cual, presuntamente, podría estar Juan Carlos I. Esa institución, con sede en Panamá, habría transferido esa cantidad de dinero a otra cuenta cuya titular es Corinna Larsen, examiga del anterior Jefe del Estado. La empresaria alemana admitió esa transferencia, pero siempre ha defendido que fue una donación del Monarca en el año 2012 como «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el «cariño» que les tenía, por lo que la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca.
Sin embargo, en una conversación grabada presuntamente en Londres por el excomisario José Manuel Villarejo, Larsen afirmaba que el Emérito había cobrado «mordidas» por la negociación de la adjudicación a una UTE española de esta infraestructura.
En aquel momento, la investigación estaba en manos de la Audiencia Nacional, que las archivó argumentando que el Rey era inviolable en el momento de los hechos, si bien Anticorrupción abrió sus propias pesquisas secretas sobre el origen de esas posibles mordidas y así se mantuvieron casi dos años. El avance de la investigación suiza, que podría salpicar a Juan Carlos I, llevó a la Fiscalía General del Estado a designar a un representante del Ministerio Público para encargarse del caso.
Así pues, tanto la causa en Suiza como en España aún no han llegado a determinar si el padre de Felipe VI debe ser imputado o no por unos supuestos delitos que, de momento, no se han confirmado.