El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga ha prorrogado un mes más, concretamente hasta el 15 de noviembre, el secreto de sumario sobre el caso de la desaparición en 1992 de las niñas Virginia Guerrero y Manuela Torres, vecinas de Aguilar de Campoo y que fueron vistas por última vez en Reinosa.

El pasado junio dicho juzgado acordó en un auto reabrir la investigación sobre el caso, si bien, «no hay ninguna noticia, a día de hoy, respecto a la misma, según explicaron a Europa Press el despacho criminológico y jurídico Balfagón & Chippirrás, que representa a las familias de las desaparecidas.

En la resolución judicial se ordena volver a abrir las diligencias de investigación en torno a este caso, en el que hay información bajo secreto de sumario.

Las dos menores, de 13 y 14 años, fueron vistas por última vez el 23 de abril de 1992, haciendo auto stop para volver a casa después de haberse trasladado desde la localidad palentina hasta la cántabra.

NUEVA INVESTIGACIÓN. La reapertura del caso se decidió por una nueva línea de investigación surgida a raíz de la difusión, el pasado mes de febrero, de una información en un programa de televisión recordando esta desaparición y solicitando también la colaboración ciudadana.

A partir de esa noticia se produjo una llamada de una mujer a la que, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, había sucedido algo parecido, también cuando hacía auto stop en compañía de una amiga con la que regresaba de unas fiestas.

Sin embargo, en aquella ocasión ambas lograron escapar del vehículo -de las mismas características en el que al parecer se subieron Virginia y Manuela cuando fueron vistas por última vez-, aunque no denunciaron nada porque al igual que las menores de Aguilar habían salido de casa sin el permiso de sus padres.

Ahora, casi tres décadas después de lo ocurrido y tras ver el citado programa de televisión, esa mujer decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil, por lo que se acordó así la reapertura de las actuaciones judiciales.

El auto por el que se han retomado las pesquisas se ha acompañado de otras diligencias, como un mandamiento para verificar la versión de esa testigo y para la identificación de posibles sospechosos que tuvieran relación con lo ocurrido, todo ello en el marco de la investigación reabierta y que continúa su curso. Así, el 29 de julio pasado la juez emitió una providencia en la que remitía a la Guardia Civil todos los datos recabados e instaba a esta institución a seguir investigando sobre este caso que acaparó hace casi 30 años toda la atención nacional y que, a día de hoy, sigue sin arrojar luz alguna sobre el mismo.