Zapatero ocultó que la "sociedad vasca" incluía a Navarra

NATV
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ETA exigió al Gobierno de España que los ciudadanos navarros debían ser considerados como "vascos". El entonces Presidente aceptó la idea de la banda terrorista para esconder esa idea en "anexos" depositados en un banco

Los enviados del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones con ETA aceptaron la propuesta de la banda terrorista de ocultar en "anexos" secretos la consideración de "vascos" que daban a los ciudadanos de Navarra en los acuerdos alcanzados antes de anunciar la declaración de alto el fuego permanente, según las actas de ETA a las que ha tenido acceso Europa Press. Estos anexos, junto con el preámbulo y las actas de las negociaciones están depositados en un banco y custodiados por el facilitador de los encuentros, la Fundación suiza Henry Dunant con sede en Ginebra.

El planteamiento surgió durante la fase inicial, en la sexta reunión de la tanda de negociaciones previas a la declaración de tregua por parte de ETA, las celebradas en julio de 2005. Fueron los enviados de la organización terrorista quienes los propusieron cuando estaban discutiendo con los representantes del Gobierno qué se consideraba sociedad vasca o ciudadanos vascos.

Los enviados de la banda plantearon que se incluyera en la declaración que tenía que realizar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este término de sociedad vasca incluía a los ciudadanos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra.

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Zapatero ocultó que la "sociedad vasca" incluía a Navarra - Foto: JAVI CARRIÁ“N - EUROPA PRESS

Pero ante las reticencias del Gobierno, que no quería ser tan preciso en la declaración pública del Jefe del Ejecutivo, los enviados de la banda propusieron que determinadas cuestiones se recogieran en "anexos" que serían secretos.

 

La figura del facilitador

Inicialmente, la representación gubernamental se mostró "totalmente en contra", según consta en las actas intervenidas a ETA. Pero los enviados de la organización terrorista insistieron y preguntaron al facilitador de las reuniones si, atendiendo a su experiencia, era usual realizar anexos en los acuerdos, aunque éstos no se hicieran públicos.

El facilitador respondió que sí, "que se hacen a menudo y que son habituales en el ámbito de la diplomacia" y se mostró dispuesto a realizarlos él mismo desde su "labor de notaría". Pero la propuesta se quedó para la siguiente reunión y en la séptima, el Gobierno aceptó incluir los anexos.

La condición era que los hiciera el facilitador desde el ámbito de su trabajo, es decir, "desde su labor de recoger en acta" el contenido de las negociaciones. Los puntos que se debían incluir inicialmente en esos anexos, que no formarían parte de la declaración final que haría el jefe del Ejecutivo pero que se referían al primer párrafo de ésta, eran relativos a los "ciudadanos vascos" y la expresión "respetando las normas y procedimientos legales".

También se estableció que habría anexos para otra parte de la declaración de Zapatero, en lo relacionado con los "mecanismos de negociación", con los "partidos políticos vascos así como los agentes sociales, económicos y sindicales" y sobre las labores de las mesas de negociación.

 

Garantías obligatorias

Finalmente, en los anexos aceptados por las dos partes se reflejaron 6 puntos que eran aclaratorios de la declaración que pactaron para que realizara Zapatero cuando ETA anunciara la tregua.

El primero de ellos se redactó así: "Entendemos como "acuerdos" los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipúzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas".

Tras alcanzar el acuerdo sobre la declaración del entonces presidente del Gobierno, los enviados de Zapatero expusieron que se abría un periodo hasta la declaración de éste en el que tendría que lograr una especie de pacto de Estado, al tiempo que ratificaban las "garantías" que serían tratadas también de "manera secreta".

Estas garantías eran: no hacer detenciones, ni en España ni en Francia, no realizar ataques contra la Izquierda Abertzale, legalización de facto de asociaciones, partidos y organismos abertzales y control de las fuerzas armadas.