Consciente de que el dictamen del Consejo Consultivo que da la validez del acuerdo de la calle Jardines deja sin argumentos al Ayuntamiento para evitar el pago de 25 millones de euros, al alcalde, Mario Simón, se puso hoy al frente del conflicto con el objetivo de «lograr un acuerdo con la Diputación que evite la vía judicial».

El plazo del que dispone el equipo de Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular no es muy grande, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fijó para este martes la vista por el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación contra el Ayuntamiento. Las dos instituciones acordaron pedir un aplazamiento por lo que se verán las caras ante los magistrados el 28 de diciembre si no llegan a un acuerdo antes.

Así, tras recabar «el apoyo unánime de todos los grupos que integran la Corporación», Mario Simón dio orden de preparar una oferta a la Diputación con la que iniciar la negociación. Y, para ello, lo primero que hará será actualizar los precios de las superficies que hay que expropiar a la Diputación, que como se ha explicado no son solo los de la calle Jardines sino otros 15.727 metros cuadrados de los entornos del complejo asistencial de San Telmo, y recalcular los intereses desde 2010, que son los que hacen que la deuda pase de 17,4 a 25 millones de euros.

Una vez que se tenga una cifra, el equipo de Gobierno decidirá si se abona en dinero en terrenos o en una fórmula mixta; así como un calendario de pagos. La oferta completa se presentará al resto de partidos de la oposición para recabar su visto bueno, de forma que la propuesta cuente con respaldo político y, lo más importante, legal. No obstante, Simón es tajante: «No tenemos 25 millones de euros».

Diputación. En el otro lado de la tostada, para la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, el dictamen del Consejo Consultivo devuelve a las instituciones a la casilla de salida, es decir, al año 2010, cuando se firmó el convenio, y ahora es prioritario «llegar a un acuerdo».

«El dictamen da seguridad a cada una de las administraciones en sus posiciones, y ahora facilitará llegar a un acuerdo en el que la Diputación tiene la máxima voluntad, al igual que se hizo en 2010», sentencia Armisén.

La presidenta de la Diputación recalca que «fue en ese momento cuando el Ayuntamiento asumió el pago de un precio en unas condiciones a favor de la Diputación». «Ahora tenemos la seguridad jurídica de que el convenio de 2010 era válido y de que se asumió por parte del Ayuntamiento de Heliodoro Gallego ese precio [de 19 millones de euros]», resume.

retirada del recurso. Respecto a qué pasará ahora con el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León presentado por la institución provincial, Armisén es partidaria de agotar el plazo de 60 días que se ha dado para llegar a un acuerdo.

«Es el que establece la ley para un aplazamiento. La presidenta de la Diputación recuerda que la decisión de recurrir al TSJCyL respondió a «una obligatoriedad legal» de llevar a cabo la reclamación del cumplimiento del convenio al Ayuntamiento.

«Sabíamos que el informe del Consejo Consultivo tenía unos plazos y lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestra obligación para defender los derechos de la Diputación, una obligación que no es política. Una vez iniciado ese procedimiento, acordamos una suspensión en los que esperamos una propuesta por parte del Ayuntamiento», aclara la máxima responsable de la Diputación.

Sobre si será por los 25 millones que recoge el convenio y los intereses por las cuatro prórrogas,  Armisén sostiene que «serán los técnicos los que se pronuncien, y dependerá de que la propuesta que haga el Ayuntamiento sea no solo políticamente válida sino que también esté técnicamente avalada». «No podemos seguir dilatando una solución a esta convenio de 2010», sentencia.

Crítica a la reprobación. Respecto a si el dictamen del Consejo Consultivo da una nueva perspectiva a la reprobación que Armisén y el exalcalde, Alfonso Polanco, recibieron por parte del pleno del Ayuntamiento, la presidenta de la Diputación «lamenta que hayan pensado en algún momento que reprobar a Ángeles Armisén iba a formar parte de una solución». 

«No ha sido así. Yo siempre he querido cumplir con mis obligaciones legales con un principio de coherencia personal y trabajar por solucionar un problema que creó un gobierno socialista en 2010 y que ha tenido muchas complicaciones técnicas para poder resolverse», sostiene.