Los parlamentarios nacionales del PP de Palencia denunciaron ayer que las ayudas del Gobierno central «llegan tarde, son escasas y se encuentran sometidas a multitud de trabas burocráticas». Los populares apuntaron que pidieron ya hace meses que estas se pusieran en marcha, pero con un importe hasta cinco veces superior a lo ahora aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los diputados y senadores populares estiman que «el importe es escaso», puesto que «de los 11.000 millones, solo 5.000 se repartirán entre todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, a excepción de la Islas». Por otro lado, entienden que son «muy inferiores a las de los países europeos de nuestro entorno, y tan solo una quinta parte de los 50.000 millones que pidieron desde el Partido Popular». Estiman que, «para decenas de miles de empresas no serán suficientes y tendrán que desaparecer».
Señalaron que el reparto entre comunidades «tampoco tiene que ver con las empresas y autónomos a las que van dirigidas», y por tanto la distribución se encuentra «ajustada a los intereses políticos del Gobierno». La presidenta de los populares palentinos, Ángeles Armisén, recalcó el abandono del Ejecutivo en todos los escenarios. «El Gobierno excluye de las ayudas a más de 90.000 empresas de la comunidad. Si rectifica e incluye a todos los sectores de actividad, con los escasos fondos asignados, solo podría atenderse a 3 de cada 10 autónomos de Castilla y León, y con la cuantía mínima», señaló.
Criticaron, además, que «toda la gestión recae en las comunidades autónomas». Los problemas, a juicio de los parlamentarios nacionales del Partido Popular, no acaban aquí puesto que «muchísimas empresas quedarán fuera». Y todo ello debido a los exigentes requisitos, para empezar «de las 620 actividades, solo 95 recibirán ayudas, es decir el 15%», pero solo «si en 2019 han tenido beneficios», además de «tener que estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social» y «haber caído sus operaciones más de un 30%».
Asimismo, entienden que «habrá más trámites burocráticos», además de «tener que cumplir con una serie de requisitos a posteriori». Y «para rematar, el Gobierno tardará más de un mes en redactar las instrucciones para las comunidades autónomas». A partir de ahí «tendrán que decidir cómo y en qué forma lo implantan y solo tendrán hasta fin de año para concederlas».
Las comunidades establecerán los límites máximos, que no pueden ser superiores a 3.000 euros para los que tributen en estimación objetiva, los llamados módulos. El resto tendrá un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000. En este sentido han apuntado que «para microempresas y pequeños autónomos, no va a cubrir quizá ni un mes de gastos».
Para empresas de hasta una decena de empleados, el máximo a abonar será el 40% de la caída de las ventas, que supere a la caída inicial del 30%. Lo ejemplifican de este modo «si ha caído un 40%, será el 40% del 10% (40-30), o sea el 4% de las ventas de 2019, mientras que para una caída del 50%, el 40% del 20% (50-30), o sea el 8% de las ventas de 2019». Para aquellas empresas que superen los diez empleados, la mitad, el 20% de la caída de las ventas que supere la caída inicial del 30%.