El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aprovechó ayer su comparecencia en las Cortes para presentar el informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad para reclamar a los consistorios más bonificaciones verdes en sus tributos propios, con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar el ahorro energético. El órgano de control externo reconoce que la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas la concesión de beneficios fiscales, aunque solo destaca los concedidos en Valladolid y Burgos por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes.

El Consejo de Cuentas recordó que entre las facultades municipales están las bonificaciones de la cuota tributaria en impuestos como el de construcciones, instalaciones y obras, a favor de las edificaciones en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. También, el de actividades económicas, para fomentar la utilización de  energías renovables o la puesta en marcha de planes de transporte para sus trabajadores, según informa Ical.

Además, planteó las bonificaciones en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en función de la clase de carburante que consuman los vehículos, la incidencia en la combustión y las características de los motores.

Tras las críticas del Grupo Parlamentario Popular, Mario Amilivia reconoció la «incoherencia» de los datos del informe, por lo que existe una limitación del alcance del mismo al asumir que el gasto declarado por los ayuntamientos no coincide con la realidad. Pese a ello, aseguró que la «esencia» del informe del Tribunal de Cuentas presentado ayer es producir y suscitar un debate. «Con este informe, tenemos información suficiente para continuar con esta labor y estimular avances en una materia tan sensible», precisó. No en vano, consideró que «no hay una conciencia en política medioambiental» de los ayuntamientos de la Comunidad, y lo justificó al recordar que solo dos consistorios (Valladolid y Béjar) presentaron alegaciones.