Castilla y León creará una agencia de evaluación independiente que estará vinculada al Consejo de Cuentas con el objetivo de dar a los ciudadanos herramientas para juzgar si la Administración autonómica está siendo eficaz y eficiente con sus políticas y con el uso de los recursos públicos. La agencia, que estaba recogida en el pacto de gobernabilidad firmado en 2019 entre el Partido Popular y Ciudadanos, estará adscrita a Cuentas después de que la Junta haya descartado crear un nuevo ente para llevar a cabo estas funciones y así cumplir el principio de austeridad. Un órgano que será el encargado de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la administración autonómica así como impulsar la gestión de la calidad de los servicios, con el objetivo último de mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Todo ello después de que el informe encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evidenciará que, tal y como se contempla en la base normativa establecida por la Ley 2/2006 de Hacienda de Castilla y León y en la Ley 2/2010 de los Derechos Ciudadanos, la evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas «no está implementada en la Administración autonómica», aunque, no obstante, el documento refleja que la Comunidad «cuenta con mimbres suficientes para su desarrollo».
El vicepresidente y consejero de Transparencia, Francisco Igea, fue el encargado de presentar las conclusiones del informe de la Airef, y destacó que el propósito de la Junta es «dar a los ciudadanos las herramientas que les permitan juzgar si estamos siendo eficaces y eficientes en la utilización de los recursos públicos que nos han confiado. Y por eso la evaluación de políticas públicas debe incorporarse al funcionamiento normal de la administración».
Una transformación que supondrá contar con una arquitectura legislativa en la que se sustente. En concreto, será necesario modificar la Ley del Consejo de Cuentas para crear en esta institución propia de las Cortes, la agencia de evaluación, y, además la oficina de coordinación de la evaluación en Transparencia. No en vano, este organismo tendrá una interlocución «directa» y «fluida» con la administración autonómica.
Igea aseguró, según recogió la Agencia Ical, que la Junta ha decidido contar con un organismo externo para realizar la evaluación de las políticas públicas porque lo «más importante» es la independencia, algo que garantizará el Consejo de Cuentas que, además, cuenta con la suficiente trayectoria, ya que realiza estudios de evaluación del gasto en Castilla y León que son de «alta calidad».
Eso sí, la institución propia deberá dotarse de más recursos personales y materiales. «La creación desde cero de una entidad que no estuviera radicada en alguna institución preexistente habría provocado un desperdicio de conocimiento, que es casi lo más valiente, y una mayor inversión de gasto», precisó.
Sin fecha de inicio
Preguntado por la fecha en que podría funcionar la agencia dependiente del Consejo de Cuentas, el vicepresidente y portavoz de la Junta respondió que es difícil de concretar al depender de los tiempos administrativos y legislativos. «Nuestra intención es presentar el decreto en las próximas semanas y la tramitación del proyecto de ley en este periodo de sesiones», expuso. De momento, al no estar la ley, es imposible que el incremento de los medios técnicos y humanos del Consejo de Cuentas esté contemplado en el Proyecto de Presupuestos del año 2022. En todo caso, dejó claro que estos plazos no condicionarán los cuatro encargos de la Junta a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobrre la evaluación de las políticas públicas.
Por otra parte, el documento elaborado por la Airef también propone al Gobierno autonómico otros tres niveles internos de la propia administración de la Comunidad. Se trata de las unidades de evaluación de los centros gestores; una unidad impulsora de la evaluación –dependiente de la Consejería de Transparencia–; más una unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario y en otros órganos de decisión política –vinculada a la Consejería de Economía–.