La Junta de Castilla y León prevé un incremento «exponencial» de las autorizaciones del teletrabajo en la administración autonómica con el decreto «más aperturista» que presentado ayer, ya que en la actualidad 611 empleados trabajan desde su casa. Un nuevo texto que simplificará el procedimiento de acceso, ampliará los supuestos de acceso al teletrabajo, determinará la identificación de los puestos con posibilidad de teletrabajar en las Relaciones de Puestos de Trabajo, dará mayor participación a las organizaciones sindicales en la gestión y seguimiento, reforzará el seguimiento y análisis de las autorizaciones y denegaciones creando un sistema homogéneo de concesiones, facilitará el trabajo a los gestores de estas autorizaciones y regulará el trabajo en remoto como forma excepcional de prestación de servicios en situaciones de alarma extraordinarias.
Durante la presentación del decreto de teletrabajo en la Junta, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, aseguró que este avance viene a constatar que la Administración de Castilla y León está inmersa en una «acelerada» transformación digital. «El contexto actual en relación con la pandemia ha impulsado este camino especialmente en el ámbito educativo, el sanitario, la administración electrónica o el teletrabajo, poniendo de manifiesto la importancia de Internet y la tecnología, gracias a las cuales ha sido posible dar continuidad a los servicios públicos, de modo efectivo, pese a las adversidades», expuso.
El consejero ofreció unos datos «elocuentes» ya que desde 2018 se habían autorizado en la Junta un total de 716 solicitudes de teletrabajo, de las que, hasta el inicio de la pandemia, quedaban unos 200 trabajadores en esta modalidad. Tras la declaración del estado de alarma, que ahora se cumple un año, se han gestionado casi 1.100 peticiones, por lo que en la actualidad hay 661 personas en esta modalidad de teletrabajo. «Esto demuestra que este modelo de prestación laboral ha llegado para quedarse», sentenció.
Eso sí, reconoció el porcentaje de empleados públicos que teletrabaja no es «especialmente elevado» del total de 85.000 empleados, aunque añadió que hay una cantidad «sensiblemente notable» que no se puede acoger a esta modalidad como los servicios esenciales en el ámbito sanitario y educativo.
La directora general de Función Pública, Paloma Rivera, apuntó que, desde el inicio de la pandemia, la demanda de autorizaciones para el teletrabajo ha sufrido una progresión importante. «Regulando un decreto más aperturista que permita el acceso a esta modalidad, esperamos un incremento exponencial de las peticiones», manifestó.
En cuanto a los plazos, la idea es que el nuevo decreto sobre teletrabajo esté aprobado antes de cuatro meses tras reconocer que es un expediente que implica un dictamen del Consejo Consultivo y unos estudios económicos.