La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, reiteró hoy su compromiso de implantar en 2020 la jornada ordinaria de 35 horas a partir del 31 de marzo de 2020, “en condiciones de equidad para todos los empleados públicos y concretando su aplicación práctica a través de las mesas técnicas de cada sector”.

La Administración remitió un escrito a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Marco, con la propuesta concreta, que ha sido rechazada, y señalan en un comunicado recogido por Ical que “la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la fecha exacta deja ahora un escenario incierto sobre su aplicación”, si bien aclararon que “no impedirá continuar con los análisis técnicos y el estudio oportuno sobre cuando poder aplicar dicha medida en todo el ámbito de la Administración Pública”.

Desde el Ejecutivo autonómico recalcaron que “tras la sexta reunión mantenida ayer entre la Junta de Castilla y León y los representantes sindicales UGT, CCOO y CSIF, la Junta de Castilla y León ha cumplido el compromiso de establecer las bases de un acuerdo para la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas”.

Con la propuesta, que apostaba por su entrada en vigor el próximo 31 de marzo, aseguraron que “la Junta ha vuelto a ofrecer nuevas muestras de flexibilidad en su posición”, ya que previamente habían puesto sobre la mesa la fecha del 1 de diciembre de 2020 y posteriormente la de 1 de junio de 2020.

“Esta fecha propuesta por escrito se hace como límite al cumplimiento de los requisitos que marcan el modo de actuar de la Junta en este tema: garantía de cobertura presupuestaria de la medida, compromiso de adecuada organización, actividad y calidad de los servicios públicos y equidad en la aplicación para todos los sectores. Asimismo, aseguraba la sostenibilidad en el tiempo de la aplicación de la medida”, defendieron

En ese sentido, lamentaron que “el único escollo que no se haya podido salvar sea el de la fecha efectiva de aplicación, a pesar de todos los esfuerzos realizados”, y manifiestaron su “pesar” por la “inamovilidad” de la fecha planteada por las organizaciones sindicales. “La Junta seguirá trabajando en su tramitación, aunque ya sin un escenario cierto para su implantación en cuanto a la forma y la fecha de la misma”, añadieron antes de precisar que también se continuará trabajando en “numerosas cuestiones” con los representantes sindicales en materias que afectan a los empleados públicos de la Comunidad.