«Perjudicial para la biodiversidad, temerario para los recursos hídricos y desastroso para la actividad económica». Con estas palabras calificó el presidente de la Junta,AlfonsoFernández Mañueco, el vaciado del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, y recordó de que esta acción no ha servido para rebajar la tarifa eléctrica, que se sitúa en estos momentos como «la más alta en la historia del país». En el pleno inaugural del curso político en las Cortes, el máximo dirigente autonómico respondió a la pregunta realizada por la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, en la que inquiría sobre las acciones impulsadas por la Junta para denunciar el vaciado del embalse, evaluar el impacto ambiental y paliar los daños al ecosistema y a la economía de las poblaciones ribereñas, al tiempo que reclamaba a Mañueco que «no se ampare en la competencia estatal para eludir el problema».
Durante su respuesta, Mañueco solicitó al Gobierno una «compensación adecuada» para los territorios que sufrieron las consecuencias del desembalsamiento de Ricobayo como respuesta, y aseguró así que desde la Junta están «trabajando para reparar los efectos» del vaciado del embalse. En este sentido, exigió al Gobierno «que no vuelvan a producirse hechos de características similares» pese a la «animadversión con las personas de Castilla y León» de la que el presidente de la Junta acusó al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
«Permitir el vaciado del embalse no ha servido para que la tarifa eléctrica haya bajado», lamentó Mañueco, recordando que el Gobierno tenía que haber estado «más encima» y que, por ello, la Junta dirigió una carta a la ministra de Transición Ecológica para «remitirle nuestra queja por la situación y explicando que había que reparar las consecuencias ambientales».
Además de esa acción, Mañueco recordó que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en las Cortes una PNL en la que insta al Gobierno a realizar «tales reparaciones económicas», solicitando para su aprobación tanto el apoyo de la procuradora de Vox como de todos los representantes en las Cortes, para además exigir «las responsabilidades pertinentes». También pidió el presidente de la Junta al Gobierno que «actualice las concesiones de explotación de los embalses» para adaptaras a los condicionantes de la Agenda 2030, un plan en el que defendió que «participan la inmensa totalidad de las organizaciones gubernamentales del planeta».
Dejación de funciones
No resultó satisfactoria la respuesta para la procuradora del Grupo Mixto, en representación de Vox, en las Cortes de Castilla y León. Y es que Fátima Pinacho, aún concediendo que la gestión de estas aguas es «estatal» y que, por tanto, corresponde tanto a la CHD como al Ministerio, al que acusó de «dejación de funciones», también acusó a la Junta de no haber denunciado lo sucedido a la CHD y haber exigido la comparecencia de su presidenta.
«No basta una carta a la ministra ni una resolución del Procurador del Común, hay que dotar de ayudas directas o indirectas a la zona para restituir el abastecimiento de agua y paliar las numerosas pérdidas sufridas», aseguró Pinacho. Es por ello que Pinacho espetó a Mañueco que «no se ampare en la competencia estatal para eludir este problema».